Ante la Corte Penal Interamericana ha sido llevado el caso de colombianos expulsados de nuestro territorio, a raíz de las medidas excepcionales tomadas por el gobierno nacional en la frontera con el vecino país.
El asunto ha sido planteado ante el fiscal, quien procede como órgano separado de la Corte para procesa la información, por el abogado Guillermo Cadenas, representante en Venezuela de la organización no gubernamental International Federation of Chaplains and Human Rights (Federación Internacional de Capellanes y Derechos Humanos), que trabaja para los privados de libertad en nuestro país-
El profesional del Derecho dijo haber procedido a formular el caso, luego de numerosas familias colombianas le pidieran que interviniera a nivel internacional, luego que personas legalmente establecidas en Venezuela fueron objeto de maltratos y expulsión tras el cierre de la frontera ordenada por el Ejecutivo Nacional mediante el pretexto de combatir el contrabando de extracción, el paramilitarismo y el tráfico de drogas.
Debemos recordar que el 21 de agosto del año pasado, el presidente de la República, Nicolás Maduro, decretó el estado de excepción por 60 dìas (que se ha prolongado hasta el presente) en los municipio Bolívar, Ureña, Junín, Libertad e Independencia.
Efectivos de la Guardia Nacional pintaron letras en las viviendas. En una “R”, para determinar que estarían bajo revisión; y en otra la “D”, para hacer saber que serían demolidas, como en efecto ocurriò.
Los militares expulsaron a más de 2000 colombianos, sus mujeres e hijos, quienes tuvieron que atravesar el puente que une a los dos países, llevando los pocos enseres que pudieron salvar de la destruccón.
Aunque el caso causó revuelo y dio la vuelta al mundo, tardíamente fue llevado a la oficina del fiscal, a través del abogado Cárdenas, quien ya ha recibido correspondencia de La Haya, en la cual se le hace conocer que se está analizando la situación planteada.
Me he reunido con familiares de colombianos expulsados del territorio venezolano en 2015 y 2016, quienes me han manifestado que sus padres y otros parientes han mostrado constancias de residencias, lo que evidencia que jamás llegaron a cometer fraude contra las leyes venezolanas.
Cárdenas dijo que durante sus actividades de recopilación de datos para formular la denuncia, cuando se encontraba en un céntrico hotel de la calle 23, entre las carreras 18 y 19, fue sorprendido por funcionarios del Sebin, quienes lo interrogaron sobre los motivos por los cuales realizaba su investi gación. “Yo les manifesté que estaba ayudando profesionalmente a unos colombianos que no querían ser expulsados, por cuanto ya estaban establecidos en Venezuela y tenían hijos nacidos en territorio venezolano.
Finalmente indicó que Venezuela es firmante del Estatuto de Roma, que impide prácticas como las ocurridas en el Táchira.
