Sector inmobiliario apoya la Ley de Propiedad de Misión Vivienda

Rosmir Sivira Foto: Archivo |

La Ley de Propiedad de la Gran Misión Vivienda fue aprobada en primera discusión, semanas atrás por la Asamblea Nacional (AN). Restaría la discusión por artículos, que se realizaría en segunda discusión. No obstante, el tema ha dado mucho de qué hablar, ha generado confrontación entre los sectores oficialistas y opositores del país, manifestaciones de algunos adjudicatarios que dicen no querer la propiedad de sus viviendas y manifiestos por parte de los sectores especializados en materia de construcción y la actividad inmobiliaria.

Al respecto fue consultado el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Lara, José Manuel Alejos, quien señaló que como gremio están totalmente de acuerdo con que los adjudicatarios de la Gran Misión Vivienda obtengan los títulos de propiedad de estas.

Asimismo, subrayó que el gremio no tiene intereses económicos sobre la entrega de la propiedad a los adjudicatarios, tal y como han acusado representantes del Gobierno nacional.
Indicó que, a pesar de que existe una ley anterior de fecha 2011, que se expresa al resto, esta no se ha aplicado, además que su contenido no es del todo claro, en cuanto a las condiciones de propiedad y titularidad de las tierras donde se edificaron las obras.

Apuntó, por tanto, que los términos de adjudicación y propiedad son un problema de tracto documental y de registro. “No hay propiedad a favor de la nación porque eso no se ha regularizado”, expresó.

En tal sentido, manifestó que el gremio considera que la ley debe esclarecer dichos puntos, a fin de regularizar el trato documental y que cada adjudicatario sea propietario de su vivienda.

Beneficios de la propiedad

Alejos indicó que una reforma como esta comprendería dos beneficios: el cese de la discrecionalidad de los funcionarios y la propiedad familiar.

Recordó que con la aplicación de la Operación para la Liberación del Pueblo (OLP) se hicieron señalamientos directos de las adjudicaciones de unidad habitacionales de la Gran Misión Vivienda, tras lo cual fueron desalojadas numerosas familias.

“Lo propio era que si esa era tu vivienda, nadie te la podía quitar por un tema ajeno al de la propiedad. De hecho reasignaron esas viviendas”, expresó.

Subrayó por tanto que, con el tema de la ley, excesos de ese tipo quedarían eliminados.
Sobre rumores de que con una reforma legal de este tipo se mercantilizaría la vivienda y que la Cámara Inmobiliaria de Venezuela se encuentra interesada en que ello ocurra, Alejos alegó que estos son comentarios “alejados de la realidad”.

Indicó que para evitar la mercantilización de las mismas se podrían establecer normas para que quienes adquieran estas viviendas no la puedan enajenar en lapsos que el Gobierno nacional y el Ministerio del Poder Popular la Vivienda y Hábitat lo definan, así como los costos, porcentajes y condiciones de subsidios y otros.

Insistió en que aprecian la Ley de Propiedad de la Gran Misión Vivienda como positiva.

Déficit de vivienda

Asimismo, Alejos dijo que como gremio están de acuerdo con que el ciudadano cancele al Estado el valor de la vivienda, con el propósito de mantener el programa, ya que en Venezuela persiste el déficit de unidades habitacionales.

“El gobierno sigue hablando de la vivienda un millón y todas las semanas se anunciaba la entrega de más viviendas… Pero esto deja mucho qué pensar. La meta de viviendas para el estado Lara eran 29 mil, pero estas no están”, comentó.

Para graficar su punto explicó que esta meta por apartamentos, en edificios de 48 apartamentos (4 apartamentos por piso), requeriría al menos 600 edificaciones de este tipo. En cuanto a las casas y grandes urbanismos señaló que este número comprendería al menos 50 en todo el estado.

Se preguntó dónde se encuentran entonces las viviendas.

Registro exclusivo de la GMVV

Respecto a un registro inmobiliario único para la Gran Misión Vivienda Venezuela, manifestó que este sería positivo, porque más allá del número de viviendas construidas, cifra que se desconoce, se agilizaría un posible proceso de protocolización, del cual carecen.

“Esto evitaría la congestión de los registros actuales y permitiría que se sigan manejando bajo regímenes especiales”.

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