Suscriptores de Carora, Bobare, El Cercado, El Cují, Tamaca y otras partes del estado Lara, muchas de ellas con pancartas que exhibían levantando los brazos, se congregaron en el salón de sesiones del Consejo Legislativo para protestar contra la falta de agua y el incremento de las tarifas del servicio.
La ocasión fue aprovechada por el diputado Luis Jonás Reyes para solicitar una moción de urgencia y, al final, se acordó que la Comisión de Políticas Públicas, que preside Rosa Oropeza, se encargue de buscar las respuestas a los planteamientos hechos por los afectados.
El asunto motivó las intervenciones de casi todos los diputados, mientras los manifestantes en varias ocasiones pegaron tantos gritos que no se pudiera oir los que los parlamentarios decían al punto que en varias ocasiones el presidente de la cámara, Orlando Miranda, pidiera compostura al público, que en muchos momentos estaba enardecido. En sus pancartas se reclamaba el suministro de agua, pero también había letreros contra el gobernador Henri Falcón y la presidenta de la hidrológica.
«La cuñada que se vaya», coreaban repetidas veces muchos de los manifestantes en clara alusión a la ingeniero Adriana Díaz.
Tarifas excesivamente altas
Luis Jonás Reyes expuso que Hidrolara, en el curso de los últimos tres años, había aumentado en 105 por ciento las tarifas sociales; es decir, las relacionadas con la gente que vive en las zonas más deprimidas.
Pero, al mismo tiempo, cada vez es más deficiente el servicio del suministro del agua y mayores los colapsos de las cloacas.
Proyectos sin ejecución
Orlando Miranda dijo, entre otras cosas, que cuando él dejó la presidencia de Hidrolara quedaron proyectos por un monto de 6 mil millones de bolívares para ser ejecutados.
Pero, fueron desechados y ahora se están viendo los problemas, los cuales achacó a la improvisación y al desplazamiento de sus cargos de los gerentes y técnicos, quienes hoy se encuentran trabajando en hidrolológicas de Yaracuy y otros estados.
Aún más, la empresa regional tiene como socios a las alcadías de los nueve municipios; pero, no ha celebrado en los últimos tres años ninguna asamblea.
Lo más grave es que no atiende las resoluciones emanadas de Hidroven, que precisamente tienen como finalidad establecer el cuadro de las tarifas.
Éstas tienen que ajustarse a la empresa nacional y, por supuesto, ser consultadas con todos los municipios.
Todas las tarifas aplicadas hasta ahora son ilegales, afirmó. Y cada vez es peor el servicio que presta.
Cuando habló Omar Jiménez, de la bancada afecta a Henri Falcón y trató de justificar las dificultades económicas por las cuales atraviesa Hidrolara, los afectados hicieron tanta bulla que no se podía entender lo que expresaba.
En un momento se planteó la posibilidad de imponerle una sanción política a la ingeniero Díaz; pero, el asunto no pasó de ser una propuesta que mereció aplausos. Ahora la Comisión de Políticas Públicas investigará la hidrológica.
Fotos: Jairo Nieto
