Desde este miércoles a primera hora de la mañana hasta quién sabe cuándo, los vigilantes de Tránsito Terrestre adscritos a la Unidad número 51 con atención a todo el estado Lara, decidieron cesar operaciones.
Se trata de al menos 600 uniformados, entre hombres y mujeres, quienes optaron por la medida de presión al Ejecutivo nacional más severa y perjudicial que han podido tomar en años de ejercicio profesional.
El motivo, simple. Se cansaron de esperar respuesta sobre cómo se ejecutará el proceso de «integración» de sus cargos y tareas a los postulados de la Ley de Policía Nacional Bolivariana.
Los fiscales de tránsito argumentan lo siguiente: «En fecha 25 de junio del año 2010, el ciudadano Presidente de la República, en consejo de ministros, dicta mediante Gaceta Oficial número 5.952 extraordinaria, el decreto número 7.481 en el cual se establecen las competencias del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones de Interior y Justicia y su artículo 3 dice textualmente: «El Cuerpo Técnico de Vigilancia de Tránsito y Transporte Terrestre, se integra al Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (…) y continuará ejerciendo las funciones que les asigna el ordenamiento jurídico vigente».
Son enfáticos al recordar tal pasaje legal porque lo que se ha venido haciendo es una migración, inclusive con la instrucción de entregar armamento a algunos fiscales –posterior a un curso de cinco semanas-, de manera que funjan en lo sucesivo como funcionarios policiales.
Rechazamos que en el proceso de transferencia de nuestra institución hacia la Policía Nacional Bolivariana se hable de migración, cuando la Ley refiere claramente que es una integración. Se obliga a nuestros funcionarios a presentar una cantidad de exámenes físicos y sicológicos de admisión para decidir su capacidad y aptitud en ser aceptados en el organismo, dijo Ricardo Liendo, vocero de sus compañeros vigilantes.
Todos afectados
La paralización de las actividades afecta a un gran número de usuarios en el entendido que se trata de una medida que arrastra a todos los fiscales que sirven a lo largo y ancho del estado Lara.
Durante la asamblea hecha este miércoles en un espacio de la Unidad 51, se acordó que sólo serían atendidos los accidentes de tránsitos donde haya lesionados o fallecidos, dejando entendido que colisiones con daños materiales únicamente y otros trámites serán postergados.
También quedaron suspendidos puntos de control de sectores como El Garabatal, Veragacha, avenida Circunvalación, El Vidrio, entre otros, los cuales fueron tomados ayer por uniformados de la policía vial de PoliLara tras una orden girada por la comisaria Marisol De Gouveia.
Dijo que de los 1.200 compañeros que en el ámbito nacional han migrado a la Policía Nacional Bolivariana, no todos están cumpliendo sus funciones de tránsito ya que muchos desempeñan otros servicios como seguridad de instalaciones y orden público sin estar formados como es debido para tal fin y que además son «absurdamente marginados por parte de la directiva de la Policía Nacional».
Puntos de control
Debido a la contingencia, el director de Seguridad y Orden Público de la Gobernación de Lara, José Maldonado Dupuy, informó que desde primera hora del día los puntos de control que quedaron desiertos fueron tomados por uniformados de PoliLara de la brigada vial.
Uno de ellos está en El Garabatal, donde hay cuatro efectivos y un supervisor, responsables de solicitar al conductor de un vehículo que baje su ventana, se muestre dispuesto a un eventual chequeo y atienda la solicitud de papeles si fuere el caso.
No están facultados para imponer multas, pero sí a pedir documentación y verificar vigencia y en caso de ser necesario retener el automóvil si así se necesitara.
En cuanto a la brigada motorizada serán 120 uniformados del Plan Rueda Seguro quienes estarán a cargo de tareas de vigilancia terrestre mientras se resuelve el problema de sus compañeros de la Unidad 51, quienes se plegaron a la misma medida de protesta de otras doce unidades más del ámbito nacional.
Se mantuvieron al margen
Unos 20 motorizados de la brigada de vigilantes de la Unidad número 51 del estado Lara, decidieron mantenerse al margen de la asamblea general y estar atentos a cualquier siniestro que pudiera registrarse en la ciudad. Se agruparon bajo la sombra de un árbol en el Seguro Social Pastor Oropeza, desde donde informaron que aun cuando no estaban de acuerdo con algunos términos de la Ley de Policía Nacional y la forma en la cual se les quiere tratar, no se plegarían al paro de actividades ya que la ciudadanía no tiene por qué padecer las consecuencias de un conflicto interno de la institución.
Prefirieron no identificarse a la hora de conversar con EL IMPULSO. Además dejaron claro que no están presionados ni amenazados para que decidieran no acompañar a sus colegas en la protesta.
«Ya es tarde para que vengamos a quejarnos porque esta ley está anunciada desde hace aproximadamente dos años. Lo que debemos hacer es aceptar el mandato constitucional, aunque ciertamente exista un malestar general entre nosotros».
Consideran que existe confusión de términos jurídicos expresados en la Gaceta Oficial número 5.982, la cual promulga la Ley de Policía Nacional y que dice entre sus consideraciones que los funcionarios de Tránsito Terrestre deberán «integrarse» mas no migrar hacia la nueva forma de organización policial.
«Lo que nos han dicho hasta ahora es que vamos a pasar en dos tandas y antes del mes de diciembre».
Los motorizados rechazan la desinformación reinante porque creen que les perjudica en su futuro inmediato, genera incertidumbre y temor, inclusive, de perder el trabajo.
Fotos: Ángel Zambrano
