Gobierno no está dispuesto a someterse a las leyes

El doctor Jesús María Casal, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello, disertó en el Colegio de Abogados de Barquisimeto sobre el pluralismo político y el Estado de Derecho en Venezuela, a propósito de haber sido designado orador de orden, en ocasión del Día del Abogado que se conmemora en Lara en honor a su patrono San Ivón, el 19 de mayo de cada año.

Respecto al Estado de Derecho (poder del Estado limitado por el derecho), se observa que este ámbito no pertenece al horizonte de los objetivos del proceso político en desarrollo, afirmó.

Recalcó que el Gobierno no lo tiene como meta, es una idea ajena al modelo político que se está implementando, dominado por una propuesta ideológica que se recoge en el llamado Plan de la Patria, según el cual todos los órganos del poder público tienen que estar alineados en una sola dirección para la construcción del socialismo, bajo la conducción del Gobierno nacional.

Casal determinó que si no hay Estado de Derecho tampoco garantías de derechos humanos, y Venezuela tiene un saldo negativo en los organismos internacionales en esta materia.

Citó que el año pasado se publicó un informe del Comité Contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas, en el cual se denunciaron graves violaciones a los derechos humanos, en virtud de la represión con motivo de las manifestaciones llevadas a cabo a partir del 12 de febrero de 2014.

Agregó que en dicho caso hubo una serie de atropellos que están documentados en tres informes del Centro de Derechos Humanos de la UCAB.

Un hecho muy grave es que Venezuela haya denunciado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con lo cual despojó a todos los venezolanos del poder jurídico de llevar sus reclamos de desatención a la salud, a la seguridad social y a la educación ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, después de pasar por la Comisión Interamericana que es el órgano que en primera instancia conoce de las denuncias, adujo.

Todo este cuadro indica que no hay una verdadera garantía de derechos a través de jueces independientes en el país, tema que se conecta con la carencia de pluralismo político, ya que no hay un marco que garantice el derecho de cada organización a defender su punto de vista y a exponer sus ideas sin temor a represalias, manifestó.

Ante la pregunta sobre la detención del ingeniero eléctrico Luis Vásquez Corro, tras emitir opiniones técnicas en este periódico sobre una posible crisis eléctrica en Venezuela, expuso que es otro ejemplo de cómo se viola la libertad de expresión sobre una persona que en base a su experiencia y conocimientos informa a la colectividad de algo que le interesa saber, y que efectivamente quedó demostrado que era absolutamente verdadero lo que dijo.

“Hoy en día hay zozobra por las contradicciones y políticas del Gobierno y no voy a decir por ello que debemos encarcelar a algún vocero oficial. Eso forma parte de la libertad de expresión en democracia”, apuntó.

Contrariamente, se vive una situación en la que se descalifica a quien formule alguna crítica, se tilda de delictiva cualquier opinión e información que pueda irritar al Gobierno, en definitiva, “vivimos en un escenario donde toda persona que emita opiniones críticas puede temer una persecución política de arresto arbitrario, simplemente por pensar distinto”.

Invitó a que esas prácticas de discriminación se erradiquen de la experiencia venezolana y establecer un marco para que cada quien defienda sus ideas con respeto, llámense socialistas, demócratas cristianas o de liberalismo económico, y propuso que no existan instrumentos jurídicos como las leyes del poder popular que privilegian a una concepción ideológica.

En este sentido, apostó porque todas las ideologías compitan democráticamente bajo un Estado de Derecho que garantice los derechos humanos.

Las elecciones parlamentarias son una gran oportunidad para la alternancia política y a Venezuela le hace bien que la oposición sea mayoría en la Asamblea Nacional, “porque necesitamos controles sobre el Gobierno, y no se trata de restarle legitimidad y de irrespetar al Presidente”, opinó.

Respecto a la propuesta de Jorge Rodríguez de eliminar el cuaderno electoral, Casal determinó que eso no se ha planteado como reforma en la Ley Orgánica de Procesos Electorales.

Destacó que los cuadernos están previstos en esta ley como garantía de transparencia y debe rechazarse esa alteración contemplada como regulación legal.

 

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