Sólo quedan reservas de carne en mercados municipales

Hugo J. Boscán/Fotos: Iván Piña |

En  los mercados municipales de Iribarren sólo quedan las reservas de carne para los consumidores pues los comerciantes persisten en su decisión de no adquirir el producto para venderlo a los precios fijados por la Sundde.

En el de La Carucieña, la mayoría de los exhibidores refrigerados permanecen vacíos y en algunos lo que se observan son paticas, chuleta ahumada o charcutería.

“Es que nadie puede trabajar para perder y es lo que quiere el gobierno al tratar de obligarnos a vender el producto a precios más bajos de los que compramos”, dijo Venancio Peña,.

Agregó que les están llevando a la ruina pues no les permiten ganancia alguna mientras los artículos que utilizan los deben pagar a precios muy altos, y puso como ejemplo un cuchillo para deshuesar que les cuesta 15 mil bolívares, un paquete de platos 22 mil y uno de bolsas plásticas 5 mil.

Atribuye lo que está ocurriendo a falta de organización por parte del Gobierno y la cadena de comercialización y también llama a los comerciantes del ramo a unirse para poder trabajar tranquilamente.

Extraoficialmente se conoció que para este miércoles estaba prevista una reunión de Asocrica para tratar el tema y buscarle solución al problema.

“Nosotros lo que queremos es cortar carne y suministrársela a las comunidades, no queremos nada de política”, afirmó Peña.

Fedecámaras atenta

Aunque el gremio de los carniceros no está afiliado a Fedecámaras, el organismo sigue de cerca lo que les está ocurriendo y está dispuesto a asesorarles.

Alberto Gámez, presidente de la filial Lara de la organización empresarial, informó que el caso fue tocado la pasada semana en un directorio nacional celebrado en Caracas.

Con respecto a lo ocurrido el fin de semana en el mercado Terepaima, Gámez lo calificó como muy grave, no sólo por la actuación de los funcionarios de la Superintendencia de Precios Justos sino de quienes funjen como acompañantes.

Considera se trata de personas sin ninguna preparación para procedimientos de esa naturaleza y por lo tanto no pueden decidir sanciones a comerciantes.

El presidente de Fedecámaras Lara no oculta su preocupación por la ofensiva oficial contra empresas en el país pues teme que se trate de la continuación de un plan para acabar con la empresa privada y poner a los venezolanos a depender exclusivamente del gobierno Nacional para proveerse de alimentos y artículos de primera necesidad en general.

Cree que los ataques a la empresa privada serán intensificados después de las elecciones parlamentarias.

También se refirió a la Ley de Precios Justos que entró en vigencia esta semana y la calificó como un instrumento para aplicar sanciones sobre sanciones pues el comerciante o importador está sometido a dos tipos de imposiciones económicas.

 

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