El Gobierno dejaría de tener legitimidad en caso de activar Carta Democrática

P.S. | Daniel Arrieta |

La aplicación de la Carta Democrática Interamericana tiene como finalidad preservar el derecho histórico que tiene el pueblo  a la vida plena, en el ejercicio y goce de sus derechos humanos,  expuso el exparlamentario Pedro Pablo Alcántara, exmiembro de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional.

En el caso de Venezuela, explicó, existen motivos suficientes por los informes presentados por distintas instancias. Algunos han sido promovidos por el propio secretario general de la Organización de Estados Americanos,  Luis Almagro; y otros por organizaciones protectoras de Derechos Humanos.

Se ha planteado recurrir a ese dispositivo  para que la OEA acuda en defensa y en protección de los intereses del pueblo de Venezuela ante la descomunal crisis humanitaria que está viviendo nuestro país.

Todos los análisis realizados por  diversos organismos de naturaleza técnica y observatorios acerca del comportamiento de la pobreza, así como carencias de hospitales, las difíciles situaciones de la gente que vive en los pueblos más apartados, han  hecho posible que las recomendaciones ya cuenten con el voto favorable del número de países  para que, de conformidad con lo que establece la Carta Democrática Interamericana, pueda promoverse la aplicación de ese instrumento.

La medida fundamental de la invocación de la Carta Democrática Interamericana consiste en señalarle claramente al Gobierno de Nicolás Maduro que ha dejado de tener legitimidad en el ejercicio.

Porque para poder caracterizar a un gobierno es que se cumplan dos presupuestos: el primero, la legitimidad de origen. Que el mandatario sea producto de una consulta a la soberanía popular. Y el segundo que en ejercicio de los principios que le otorga el pueblo cuando elige un mandatario tiene como finalidad el respeto a los Derechos Humanos, los equilibrios entre los diversos poderes públicos, el derecho a la vida, el derecho a la salud y el empleo: es decir que se permita, dentro de las diferencias que pudieran ocurrir en cualquier sociedad democrática, que puedan convivir en ánimo pacífico los ciudadanos y que los derechos a la supervivencia estén garantizados de forma tangible.

Además del incumplimiento de esos derechos existe una enorme cantidad de presos políticos en situación de aislamiento y sin garantía de justicia efectiva, aparte del desconocimiento de las competencia de la Asamblea Nacional. Y la negativa a celebrar elecciones.

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