lunes, noviembre 29, 2021
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La CDI no es una solución “mágica”

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Entre  el sociólogo Rafael Uzcátegui, el  abogado Jairo García y el politólogo Daniel Azuaje desgranaron  las implicaciones de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana  (CDI) en un foro resuelto en  la Sala de Exposiciones de El IMPULSO, ayer por la tarde.

El  encuentro se convirtió en un “ejercicio  de responsabilidad ciudadana”, como  lo describió el sociólogo  larense Nelson Fréitez, uno de los organizadores del evento  con la cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), extendido por  cuatro horas dada la minuciosa  exposición de cada  experto  y el  posterior  debate a partir las inquietudes del público, formado por  historiadores,  exdirigentes políticos, activistas de Derechos  Humanos y ciudadanos interesados en despejar  dudas acerca de este mecanismo diplomático  internacional.

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Uzcátegui,  coordinador general del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), en principio aclaró que  la CDI  fue creada en 2001 con la participación activa de Venezuela y con la aprobación del fallecido  presidente Hugo Chávez, quien fue uno de los coautores y la   promovió como un  mecanismo democrático para la resolución de conflictos.

Por estos  días, el mandatario  nacional  actual  quiere  hacerla  ver  como  un  elemento negativo al asegurar  que facilitaría una eventual  invasión extranjera, que serviría para sacar a Nicolás Maduro del poder o para expulsar a Venezuela de la Organización de Estados Americanos (OEA), todas, dijo, son  versiones  falsas.

“Las peores sanciones que están presentes en la CDI en su artículo 21 es que Venezuela quedaría suspendida de sus participación  en los diferentes organismos de la OEA, pero seguiría  siendo  un Estado miembro con los compromisos  y  la OEA seguiría gestionando  mecanismos diplomáticos para volver a la normalidad democrática”, abundó el  sociólogo.

Lo que podría ocurrir  si finalmente se suspende a Venezuela  es  que dejaría de obtener inversiones y negociaciones en el extranjero y esto “aumentaría los niveles de presión contra el Estado Venezolano” y podría  incrementar las “contradicciones internas que hay  dentro del Gobierno, porque al ponerse en entredicho  la naturaleza democrática del Gobierno creemos que eso va a aflorar las divisiones internas”, pronosticó Uzcátegui.

También,  es posible que el Gobierno, al modo de ver del politólogo Azuaje, quede  más aislado. No así  la sociedad, porque al estar en la mira mundial va a estar más acompañada. En lo económico  coincide con Uzcátegui, se incrementaría la deuda externa. “Lo malo de eso es que probablemente las importaciones no lleguen  a Venezuela y la población también va a estar afectada y eso va significar que se intensifique la crisis humanitaria, porque no hay posibilidad del que el tejido productivo venezolano abastezca la demanda”.

Avance

Las dos reuniones extraordinarias del Consejo Permanente desarrolladas esta semana el coordinador de Provea  las evalúa favorables “porque la atención  regional se había desplazado a la figura de Donald Trump por sus  decisiones polémicas. La región le había quitado  la mirada a Venezuela y gracias a este proceso no solamente el tema venezolano sigue en el tapete sino que los países han tenido que pronunciarse para  dar una opinión del país”.

Hay, además, nuevos elementos que suman peso como  lo es la  sentencia reciente del Tribunal Supremo de Justicia mediante la cual asume la responsabilidad de las competencias parlamentarias.

Reconoció que los tiempos  de los procesos diplomáticos  no se  amoldan a la urgencia de los problemas de Venezuela, no obstante, se  ha acelerado en  los últimos días. “Si se agotan los buenos oficios como lo establece el artículo  20, pasaríamos entonces al artículo 21 que es  el de las sanciones. Correspondería ir a una asamblea  extraordinaria de la OEA para establecer estas sanciones (suspender al Estado)”.

En este punto  advirtió  que la CDI no equivale a una fórmula capaz de  devolverle la  estabilidad  en todos los órdenes al país: “Es un mecanismo de presión  diplomática  que debería obligar al Gobierno a rectificar en la suspensión del derecho al voto, de las políticas que no garantizan el derecho a  la alimentación y las medicinas, entre otras cosas. Esto no va a solucionar mágicamente los problemas. Es  un mecanismo de presión más. Por supuesto, el informe de Almagro lo dice, que  la solución pasa porque el pueblo venezolano sea consultado, pueda ejercer su derecho al voto y decidir cuál va a ser su destino”.

Azuaje opina de la misma manera. Por eso, alertó a los ciudadanos a no guardar “falsas  esperanzas”, pues la CDI es solo “es un factor de cambio, el cambio lo vamos a generar nosotros los venezolanos”.

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