En una comparecencia ante la prensa, Javier Cremades, abogado de la familia López en España, dijo que están preparando una querella ante la Fiscalía antiterrorista para activar «esa jurisdicción que España tiene para proteger a cualquier español de un acto de terrorismo».
El abogado invocó el artículo 573 del Código Penal español relativo a delitos de terrorismo, explicando que éste contempla la intervención de la jurisdicción española en caso de delitos cometidos en el exterior contra ciudadanos españoles.
Tal y como explicó, dos de los «presos políticos» que hay en Venezuela tienen nacionalidad española y habrían sido víctimas de tales delitos de terrorismo a manos de «grupos, milicias armadas que operan de manera concertada, organizada, creemos que amparados por el Estado» venezolano.
En caso de admitirse a trámite la querella, añadió, «se podrán acoger a ella cuantos afectados por esos hechos pudieran encontrarse. Sería el caso de Leopoldo López», pese a que no es español.
En la misma comparecencia, la familia de López manifestó su desconfianza respecto al video difundido la noche del miércoles por el gobierno de Nicolás Maduro, tras difundirse rumores de que el líder de Voluntad Popular había fallecido.
«Tenemos grandes dudas sobre este video», donde el político aparece hablando en camiseta blanca sin mangas, de pie y con los brazos cruzados, con unos barrotes de fondo, dijo su hermana Diana.
«No lo aceptamos como fe de vida. La fe de vida que estamos pidiendo es que su esposa Lilian Tintori, mi madre Antonieta Mendoza y sus abogados Juan Carlos Gutiérrez y Gustavo Velásquez puedan verlo», añadió su hermana.
Leopoldo López cumple una condena de casi 14 años en la cárcel militar de Ramo Verde, en las afueras de Caracas, por incitar a la violencia en unas protestas contra Maduro que dejaron 43 muertos en 2014.
«Desde hace 36 días, Leopoldo ha sido aislado totalmente y no tenemos idea de cómo está él de salud», añadió su padre, que también se llama Leopoldo y junto con su mujer recibió la nacionalidad española a fines de 2015, por decisión del gobierno conservador de Mariano Rajoy.
Javier Cremades pidió que, «de manera urgente», vaya algún representante de la Cruz Roja a la prisión de Ramo Verde para «comprobar, mediante un contacto personal, directo, el estado de salud de Leopoldo López».
Otro abogado español del político venezolano, el ex ministro conservador de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, denunció la situación de López como «una violación flagrante de los derechos humanos», y afirmó que el gobierno de Maduro lo está tratando «como un auténtico rehén».
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