El enjuiciar a civiles que han sido privados de libertad en las recientes protestas contra el régimen de Nicolás Maduro, aplicando la jurisdicción militar, constituye un delito de lesa humanidad y todo funcionario que se preste a este tipo de violación será juzgado tal como lo establece la constitución y las normas internacionales.
Dicho pronunciamiento fue realizado por el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Román Duque Corredor, quien cuestionó este tipo de procedimientos, que son aplicados única y exclusivamente en sistemas autocráticos que no respetan el estado de Derecho y de Justicia.
“El límite de la competencia de los tribunales militares es el de la prohibición de juzgar delitos comunes, violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad y de acuerdo a los principios democráticos el poder militar, debe estar subordinado al poder civil”, explicó.
El también profesor universitario explicó que la activación de la justicia militar, en aplicación del Plan Zamora, con posterioridad a los hechos ocurridos con ocasión de las protestas contra el gobierno, es una “estrategia planificada del gobierno de represión, es un ataque sistemático y generalizado contra la población civil”.
“Las violaciones graves a derechos humanos fundamentales, con detenciones arbitrarias y el aislamiento de los detenidos e intimidación a la cual se someten a los imputados al ser presentados ante tribunales ad hoc instalados en cuarteles ante efectivos fuertemente armados encuadra en el delito de persecución de lesa humanidad según el Estatuto de la Corte Penal Internacional”, sostuvo.
Aclaró que por este delito deben responder “desde el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas Nacionales, el Ministro de la Defensa, el comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, hasta comandantes de los cuarteles y prisiones militares, jueces y fiscales militares”, según el mismo Estatuto de la Corte Penal Internacional y el artículo 29 de la CRBV.
Cabe destacar que estas declaraciones fueron ofrecidas por Duque Corredor, en el marco de una actividad realizada por el Bloque Constitucional en la ciudad de Valle de La Pascua, en el estado Guárico, en la cual expresaron su rechazo a la Asamblea Nacional Constituyente activada por el presidente de la República, Nicolás Maduro.
Finalmente la organización informó que continuará su gira por las principales ciudades del país con la intención de promover espacios de deliberación y denuncia en el que participen los actores del Sistema de Justicia y representantes de la sociedad civil para el rescate de la independencia del Poder Judicial y para la formación de una agenda ciudadana sobre la reinstitucionalización del Sistema de Justicia.