La fiscal general aseguró que desconoce cualquier sentencia

Sammy Paola Martínez/AP | Foto: Archivo |

Lejos de interpretar los artículos 285 y 286 de la Constitución, que detalla las atribuciones del Ministerio Público, el Tribunal Supremo de Justicia atenta contra la institucionalidad y pretende darle continuidad a la ruptura del orden democrático. De esta manera se expresó este miércoles la fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, luego de que el Poder Judicial anulara la designación vicefiscal y le otorgara funciones penales a la Defensoría del Pueblo.

Explicó que la segunda decisión es totalmente inmotivada por cuanto no tiene sustento, ni explica las razones para permitir que Tarek William Saab investigue, promueva pruebas, reconstruya los hechos e indague en materia de derechos humanos.

“La investigación penal es facultad privativa del Ministerio Público”, dijo al tiempo que advirtió que con las últimas sentencias se busca consumar el desconocimiento del Ministerio Público, como ocurrió hace tres meses con la Asamblea Nacional.

“Continuamos en presencia de la ruptura del orden constitucional. Vamos a ver si ahora convocan otra vez a un Consejo de Defensa de la Nación (CODENA) para que su Presidente le ordene al TSJ lo que debe hacer.

Hay un proceso de desmontaje progresivo del Ministerio Público, donde principalmente se rechazan las solicitudes que hacemos”, aseguró.

Para argumentar la premisa, Ortega Díaz se refirió al poco respeto que se ha tenido en cuanto a las privativas de libertad dictadas por casos de corrupción en materia de salud; resaltó que solicitaron la aprehensión de unaministra por malversación en dólares pero los tribunales hicieron caso omiso, así como también realizaron lo propio con el conductor de la tanqueta que atropelló a un joven en Altamira, “sin embargo la respuesta de los tribunales fue que se le estaban violando los derechos humanos al funcionario y no al que se le pasó por encima”.

Reiteró que la inseguridad jurídica denunciada aumentará, porque según el TSJ, los venezolanos deberán acudir a la Defensoría al mismo tiempo que al Ministerio Público, porque no abandonarán el rol que les ha otorgado la Constitución del 99.

“Están entregando la investigación de los DDHH posiblemente a quienes los violen. Usarán el derecho penal para vencer al enemigo porque no lo pueden vencer con votos. ´Aquel que me puede ganar políticamente, lo tengo que aniquilar´ así piensan”, alertó.

Congelan cuentas

La corte suprema de justicia de Venezuela citó a la fiscal general, Luisa Ortega, a comparecer el 4 de julio a una audiencia que decidirá si es enjuiciada, ante lo que le prohibió salir del país, informó el tribunal.

La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) “fija la audiencia oral y pública para el martes 4 de julio” y acordó como medidas cautelares, la prohibición de salida del país y congelación de cuentas y bienes, precisó en un comunicado.

El TSJ, acusado de servir al gobierno, ordenó también comparecer a la audiencia el diputado oficialista Pedro Carreño, quien presentó la solicitud de antejuicio contra la fiscal, y el defensor del Pueblo, Tarek William Saab.

 

 

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