La Asamblea Nacional continúa el trabajo de investigación sobre “la masacre de El Junquito” dando cumplimiento al artículo 187 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela el cual establece que “Corresponde a la Asamblea Nacional: 1. Legislar en las materias de la competencia nacional y sobre el funcionamiento de las distintas ramas del Poder Nacional. 2. Proponer enmiendas y reformas a esta Constitución, en los términos establecidos en ésta”.
Así lo informó la vicepresidenta del Comité de Derechos Humanos de la Unión Interpalamentaria y presidenta de la Comisión Permanente de Política Interior del Poder Legislativo Nacional, diputada Delsa Solórzano, quien reiteró que todos los involucrados en este hecho serán debidamente identificados y denunciados tanto en instancias nacionales como internacionales.
“El mundo pudo ver a través de las redes sociales la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano, autores intelectuales de la violación a los DDHH, no respetaron el derecho a la vida, al debido proceso, ni a la presunción de inocencia, utilizaron armas de guerra y no podrán negarlo, pese a que destruyeron las evidencias del caso cuando terminaron de desaparecer el chalet donde ocurrieron los hechos, violando la Ley de policía”, sentenció.
Igualmente, la parlamentaria precisa que, aplicaron tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes “por las que deben responder ante la ley todos los funcionarios que actuaron, al mismo tiempo que se debe explicar por qué en ese operativo estuvieron civiles armados”.
Asimismo recordó que hasta el momento, 32 ciudadanos han sido detenidos de manera ilegal por este caso.
“El único delito, haber conocido a Oscar Pérez, Daniel Soto, Abraham Lugo, José Díaz Pimentel, Jairo Lugo, Abraham Agostini o a Lisbeth Ramírez, quienes por cierto, presentaron tiros en la cabeza y los que deberían velar por cada evidencia para esclarecer el caso, pretendieron cremar los cuerpos que logramos evitar, por eso hoy seguimos exigiendo la entrega de las autopsias”, dijo.
Precisó que luego del engorroso trámite, cargado de irregularidades y después de cinco y seis días, los familiares de Oscar Pérez y su grupo pudieron sepultarlos, constatando su identidad, pese a que se les violó el derechos de enterrarlos bajo sus condiciones.
Delsa Solórzano indicó además que desde el 15 de enero del año en curso, la Fiscalía y Defensoría no han actuado, han negado justicia, por tal razón acudió a instancias internacionales como el alto comisionado DDHH de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
“Este fue un caso que impactó al mundo por la desproporcionada actuación de los cuerpos de seguridad del Estado con apoyo de grupos paramilitares y es por ello que se llevará igualmente ante la comisión DDHH del Mercosur”, finalizó.
