El gobierno venezolano canceló temporalmente toda actividad comercial con un grupo de empresas _ incluyendo la aerolínea panameña Copa _ y altos funcionarios de Panamá, en respuesta a medidas del país centroamericano para proteger su centro financiero de posibles operaciones de blanqueo de capitales.
Horas después, el gobierno panameño calificó la decisión como «una reacción política que carece de sustento» y anunció el retiro de su embajador en Caracas, Miguel Mejía, e igualmente pidió a Venezuela que haga lo propio con su embajador en Panamá, Jorge Durán Centeno.
Panamá incluyó la semana pasada al presidente Nicolás Maduro y a otros altos dirigentes políticos de Venezuela en una lista de «alto riesgo» para cometer blanqueo de dinero, por lo que recomendó a bancos u otras entidades a extremar la supervisión de transacciones que involucren a esas personas. No se trató propiamente de sanciones.
En su réplica, el gobierno venezolano prohibió por 90 días prorrogables realizar cualquier actividad financiera, comercial y económica con 46 empresas panameñas, entre ellas Copa, que es una de las pocas aerolíneas extranjeras que continúan operando en Venezuela.
En un comunicado divulgado la noche del jueves, la aerolínea ofreció la posibilidad de reembolsar sin penalizaciones el valor total de los boletos no utilizados a los pasajeros con vuelos hacia y desde Caracas en los próximos 90 días, entre otras opciones. Debido al «volumen de pasajeros afectados», el proceso tomará más tiempo, advirtió.
La suspensión de la relación comercial también va para el presidente panameño Juan Carlos Varela y otras 21 figuras de su gobierno, como la vicepresidenta y canciller Isabel de Saint Malo, el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán y la ministra de Gobierno, María Luisa Romero.
Varela es parte de una antigua familia dedicada a la producción del ron en el centro del país, pero se desconoce si los negocios familiares del mandatario tienen algún tipo de relación o interés en la nación sudamericana, inmersa en una prolongada crisis política y socioeconómica.
El líder panameño calificó la respuesta venezolana como una «cantinflada» y una reacción de carácter político, antes del anuncio del retiro del embajador.
«Siento que es un presidente que avanza en una elección que no va a ser reconocida por muchos países, entre esos Panamá», agregó. Aludió a los cuestionados comicios presidenciales programados para el 20 de mayo.
El gobernante panameño había arreciado sus críticas contra Maduro y exigido una salida democrática a la crisis en el último año y medio, al tiempo en que presionó en el campo migratorio al exigir visas de ingreso a los venezolanos.
Entre las empresas panameñas afectadas también están Vida Panamá, Supercentro Casanova, Casablanca, Noratex, Pan Colombia Travel, Ratan Zona Libre, Samsung Electronics Latinoamérica Zona Libre y Yamaha Music Latin America. El comercio entre ambos países se circunscribe principalmente en las compras que hace Venezuela a la zona franca panameña de Colón, aunque en los últimos años las transacciones cayeron a su punto más bajo debido a la crisis económica del país sudamericano.
Caracas justificó la suspensión de actividades económicas con figuras y empresas panameñas alegando que lo hace como «medida de protección del sistema financiero, económico y comercial».
La resolución de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales de Panamá incluyó a 16 empresas venezolanas y 55 personalidades entre las que aparecen el vicepresidente del partido oficialista, constituyente Diosdado Cabello; la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena; el fiscal general Tarek William Saab; varios ministros, entre ellos el jefe del despacho de Relaciones Interiores, mayor general Néstor Reverol, y Adán Chávez, hermano del fallecido presidente Hugo Chávez.
De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá, la resolución busca que los bancos u otros sectores de servicios hagan una debida diligencia «ampliadas o reforzadas» a transacciones realizadas por las personas y empresas de esa lista o beneficiarios finales.
«Lo que se hizo fue una advertencia en base a listas que se han hecho en la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá de ciudadanos venezolanos», destacó Varela el jueves. «Panamá advirtió a sus instituciones financieras porque nosotros tenemos correspondencias con bancos, tenemos relaciones; somos un centro financiero responsable».
«Nosotros no tomamos sanciones», aclaró el presidente, quien en su tiempo como canciller del pasado gobierno de Ricardo Martinelli mantuvo una estrecha relación con Maduro, que fungía como jefe de la diplomacia del gobierno del fallecido líder Hugo Chávez.
