El pasado 8 de octubre se otorgó el asilo político a los familiares de Oscar Pérez, exmiembro del CICPC que fue asesinado por funcionarios del régimen de Maduro.
El juez de inmigración en California, Estados Unidos, oficializó esta decisión política a la madre de Pérez, así como también a su expareja, Danahis Vivas y sus tres hijos.
Julio Hernández, abogado que representó el caso, explicó cómo fue el procedimiento para que se les otorgara el asilo político: «Ya que llegaron a Estados Unidos por la frontera con México, en lugar de entrar con una visa, estuvieron en proceso de deportación desde el principio, incluyendo un tiempo en detención. Por eso el caso fue atendido por un juez en lugar de un agente de asilo».
“La documentación que introdujimos pasaba de las 300 páginas y el juez estaba bien familiarizado con todo el material. La decisión clarificó cómo el caso encaja en los precedentes de asilo recientes, que son más estrictos, y la abogada del gobierno decidió renunciar al derecho de apelar, por lo que la sentencia quedó firme,” detalló.
