El nuevo período de incomunicación y aislamiento al que, en flagrante violación de sus derechos humanos, se encuentra sometido el Mayor General (Ej) Miguel Rodríguez Torres en los calabozos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar en Fuerte Tiuna, suma ya casi un mes, denuncian sus familiares.
Advierten que al arecer tenían razón quienes señalaban que lo de las visitas de hace un mes, cuando al alto oficial pudieron verlo sus padres y sus hijas, como que era “puro circo” para tratar de distraer a los organismos internacionales que promueven la defensa de los derechos humanos en Venezuela.
Como se recordará, luego de siete meses de severa situación de incomunicación y aislamiento (entre marzo y octubre de 2020), al Mayor General se le permitieron cuatro visitas familiares, de una hora cada una, y hasta se le autorizaron dos block de rayas, dos bolígrafos y un cuatro. Sin embargo, lo más grave es que estos nuevos esquemas de confinamiento se aplican, adicionales a la casi nula atención médica de las afecciones de salud que confronta Rodríguez Torres, todas vinculadas a sus sistemas óseo, urológico y cardiovascular, cuyos tratamientos son improbables e imposibles de cumplir con el actual régimen de reclusión al que se encuentra sometido.
Por todo ello, a dos años y ocho meses de su arbitrario encarcelamiento, incomunicado, aislado y sin adecuada atención médica, sus familiares se pronuncian nuevamente por el decaimiento de la medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad y/o por la adopción de una medida menos gravosa que posibilite la inmediata libertad del militar y su urgente atención de salud.
