Familiares exigen investigar la desaparición desde hace 10 días de tres mineros en el Bajo Caura #19May

Correo Del Caroní |

Habitantes de Guarataro, en el municipio Sucre del estado Bolívar, exigieron a los organismos competentes -a través de un comunicado dirigido a la Gobernación- investigar sin dilación la desaparición de tres mineros que laboraban en la mina El Kino.

Dionisio Ramón Guzmán Bellorín de 47 años, y los hermanos Jhon Jairo Castellanos Báez de 34 años y Jahir Castellanos Báez de 30 años, están desaparecidos desde el 8 de mayo en el Bajo Caura.

Sus familiares denuncian que, aunque han acudido a la Guardia Nacional, Ejército y Policía para formular la denuncia y solicitar asistencia, no han sido atendidos, por lo que tuvieron que emprender la búsqueda por cuenta propia sin éxito.

A través de averiguaciones independientes, los familiares de los desaparecidos informaron que los tres hombres salieron a las nueve de la mañana del sábado 8 de mayo desde la mina El Kino hacia la población de Guarataro donde residen, a bordo de una motocicleta gris. Fueron vistos por última vez en la segunda alcabala de la vía, llamada La Urbana.

Fuentes de la zona indican que esta alcabala está custodiada por indígenas del pueblo jivi. Los pobladores atribuyen la desaparición de los mineros a la violencia ejercida por este grupo, que ha sido acusado de mantener en zozobra a quienes transitan por la vía, que son sometidos a extorsión, cobro de vacunas y demás acciones violentas.

“Nosotros queremos saber el paradero de nuestra familia y exigimos a los organismos competentes darnos respuesta del paradero de ellos; la moto la han visto en esa alcabala según habitantes del lugar”, indica el comunicado.

Como último recurso, familiares de los desaparecidos acudieron a la alcaldesa del municipio Sucre para activar los protocolos de búsqueda, y en su momento la alcaldesa se comprometió a hacerlo, pero la investigación no avanzó.

Relataron que luego de tres días de insistir, una comisión de la Alcaldía de Sucre en la que contaron más de 10 motos de la Guardia Nacional, dos camionetas y un autobús ingresó por La Urbana hacia la comunidad Puerto Cabello del Caura para hacer una jornada de asistencia social como campaña política sin investigar la desaparición.

“Premiando a la tribu donde por última vez vieron a nuestros familiares con vida, sin pedirles respuesta por nuestra situación, y mucho menos investigar el caso, ¡recordemos que son tres vidas humanas!”, expresaron.

Ruth Castellanos, hermana de Jhon Jairo y Jahir Castellanos, en entrevista con Correo del Caroní, señaló que ambos se dedican a la minería en el sector desde hace más de 10 años, aunque son oriundos del estado Apure. Informó que en el tiempo en que sus hermanos estuvieron laborando en el sector, no habían tenido inconvenientes de esta magnitud. “Solo queremos que el Estado nos dé respuesta porque no sabemos qué hacer”, dijo.

Panorama violento del Caura

Desde que la minería ilegal se diseminó en los territorios indígenas de la cuenca del Caura en el estado Bolívar, al territorio han ingresado -con oposición de la mayoría de los indígenas- grupos armados irregulares, y miembros de la guerrilla colombiana que han causado zozobra y desplazamiento en la población indígena.

El conflicto minero también trajo división dentro de los pueblos indígenas que además buscan dominar los territorios mineros que sienten como suyos por herencia ancestral. El resultado del intento de dominio por distintos grupos ha derivado en enfrentamientos entre grupos armados criollos contra indígenas, y también entre etnias.

Las alcabalas de algunos miembros del pueblo indígena jivi son instaladas desde hace dos años, luego de que, en 2018, un sindicato minero aliado con algunos indígenas del pueblo sanema asesinaran al líder indígena jivi Misael Ramírez, de 45 años, y a su hijo Milson Dorangel Reina de 18 años, junto con otras cuatro personas que no fueron identificadas porque los cuerpos fueron decapitados.

Hace 20 días, el capitán general del pueblo jivi, Nelson Pérez, y otras tres personas fueron asesinados, tras un conflicto que todavía no se ha esclarecido entre miembros de grupos armados irregulares, e indígenas piapocos y jivi.

“Algunos de nuestros hermanos jivis pueden ser violentos, y a menudo tememos que los demás nos vean de esa manera, pero los yekuana, pemones, y sanema no solemos utilizar la violencia”, declaró a Correo del Caroní un líder yekuana que prefirió mantener su identidad en reserva por seguridad.

La búsqueda independiente de los tres hombres desaparecidos permanece, y los familiares piden que se activen los protocolos de búsqueda correspondientes.

Una investigación desarrollada por periodistas independientes en alianza con la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) contabilizó la desaparición de más de 80 personas vinculadas con la minería ilegal al sur del estado Bolívar entre 2012 y 2020.

Los resultados de la investigación son claros: solo los familiares de los desaparecidos realizan la búsqueda, pues los órganos del Estado por lo general la desestiman por la peligrosidad del territorio y otros prejuicios, o porque no hay recursos suficientes para buscar, lo que violenta lo establecido en compromisos internacionales sobre desaparición de personas, firmados y ratificados por Venezuela.

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