martes, septiembre 14, 2021
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Gremios de educadores aseguran que sin derechos laborales la educación pública no es sostenible #2Ago

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Los últimos cambios adoptados en la contratación colectiva de los trabajadores del Ministerio del Poder Popular de Educación violan el derecho del ejercicio de la libertad sindical, denunciaron los integrantes del Observatorio Venezolano de Libertad Sindical, quienes advierten que sin derechos laborales la educación pública no es sustentable.


En el encuentro sostenido de manera virtual con los medios de comunicación social, participaron, en calidad de voceras, las profesoras Jaqueline Richter, Directora General del Observatorio Venezolano de Libertad Sindical, Profesora Raquel Figueroa, representante del Colegio de Profesores de Venezuela y la profesora Keta Stephany, Secretaria de Actas de FAPUV.

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La profesoras Jaqueline Richter señaló que el régimen de Maduro ha afectado permanentemente la libertad sindical de los trabajadores y de las organizaciones sindicales del sector, al invitar a los nuevos ingresos a afiliarse a los sindicatos de tendencia oficialista y al promover a las organizaciones sindicales que apoyan los lineamientos gubernamentales, violando el Convenio Nº 87 OIT sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación y el Convenio Nº 98 OIT sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, según los cuales los sindicatos tienen el derecho de organizar sus actividades y formular su programa de acción, sin la intervención de las autoridades y del patrono. En particular, conviene recordar que el CI 98 garantiza el derecho a la negociación colectiva libre y voluntaria.


“Es tan evidente la injerencia del Gobierno Nacional en las actividades sindicales del gremio, que en la actualidad, de 18 Federaciones de trabajadores del MPPE, 10 son afines al Gobierno, que en los últimos años se ha dedicado a promover la constitución de organizaciones sindicales paralelas y asegurarse de que solo sus organizaciones pueden celebrar convenciones colectivas. Al no reconocerse la representación de las organizaciones independientes, se les impide plantear el conflicto; en consecuencia, los trabajadores no pueden ejercer el derecho de huelga en los términos previstos en la legislación vigente”, señaló la dirigente gremial.


Magisterio en crisis


Por su parte, la profesora Raquel Figueroa, representante del Colegio de Profesores de Venezuela expresó que “el magisterio venezolano está sumido en la peor crisis de toda su historia, debido a la desaparición del valor del salario y de la seguridad social, y a la desvalorización y malas condiciones del trabajo pedagógico”.


Advirtió que las diversas medidas económicas implementadas por Maduro en los últimos dos años despojaron al magisterio de la tabla salarial de la segunda convención única, y pulverizaron completamente los salarios, llevando a los maestros a una situación de pobreza extrema.


«En conclusión: se viola la libertad sindical y los convenios internacionales por los cuales el gobierno hoy está en el banquillo de los acusados en la OIT, y se viola la constitución, las leyes y la normativa universitaria para liquidar los derechos laborales de los universitarios».


Sin derechos laborales la educación pública no es sostenible, no es posible

Por este motivo, los trabajadores han mantenido actividades de calle para exigir aumentos salariales. Los docentes pasaron a cobrar $ 10 en el 2020 y $3 en el 2021, situación que ha llevado al gremio a entrar en conflicto con el Ministerio de Educación al considerar injusto el hecho de haber perdido 91,66 % de sus ingresos en menos de 6 años.


El 1º de mayo de 2021 el régimen fijó el salario mínimo para todos los trabajadores de los sectores públicos y privado en Bs. 7.000.000,00., y el bono de alimentación en Bs. 3.000.000,00. Mientras, según el tabulador de los funcionarios públicos el salario básico de un Docente I, es de Bs. 13.720.000,00 y el de Docente VI, con más de 21 años de servicio y título de postgrado, nivel VI, es de Bs. 14.560.000,00.


Este salario no satisface las necesidades básicas de los educadores que tampoco se cubren con los bonos de protección social que el gobierno paga a través de la plataforma Patria. Se trata, además, de bonos no salariales, de carácter no remunerativo, como expresamente se reconoce en el Decreto Nº 4.193 de fecha 27 de abril de 2020.

Por otra parte, no son otorgados por el patrono sino arbitrariamente por el Ejecutivo Nacional, el cual los puede eliminar sin dar explicaciones a nadie, pues no son producto de la negociación entre patrono y organizaciones sindicales.
Si se suman todos los conceptos, a partir del primero de mayo de 2021, el ingreso del Docente I, es de Bs. 43.480.000,00, US$ 14,36 y del Docente VI, Bs. 44.320.000,00, US$ 12,66. Evidentemente, no es un ingreso justo ni suficiente tomando como ejemplo una familia con 4 integrantes, con 2 hijos estudiantes.

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