jueves, diciembre 2, 2021
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Cedice Libertad: En Venezuela una Pymi requiere 68 trámites burocráticos para empezar #9Nov

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Venezuela y Argentina ocupan los últimos lugares del Índice de Burocracia Latinoamericana (IBL), naciones en las cuales se requiere la realización de mayores cantidades de trámites burocráticos, al cual hay que dedicar más tiempo en días, antes de poder iniciar operaciones.


Auspiciado por el Centro Latinoamericano de Atlas Network y coordinado por el Centro para la Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice Libertad), el cual fue dado a conocer este martes por la economista Sary Levy Carciente, quien participo en la investigación y elaboración del Indice cuyo objetivo es determinar la carga en tiempo que representan los trámites administrativos burocráticos para las pequeñas empresas es el objetivo del Índice de Burocracia Latinoamericana (IB Lat).

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En esta primera edición, Venezuela se ubicó, junto con Argentina, en el último puesto del instrumento, quedando en evidencia que se requiere de mucha paciencia y tiempo, para que un emprendedor pueda cumplir con todos los requisitos burocráticos necesarios, antes de poder comenzar las operaciones de su empresa.


Revela el índice que en Venezuela la pequeña empresa pierde en promedio 945 horas al año -39,4 días- en realizar trámites burocráticos, cifra que prácticamente triplica el tiempo invertido por Brasil, que es el país estudiado con menos cantidad de horas gastadas (115h/año).


Adicionalmente, llevar a buen término una pequeña empresa en Venezuela implica en promedio 68 trámites burocráticos, entre los que destacan por su complejidad los asociados al pago de impuestos.


Evalúan sectores representativos


Para la elaboración del Índice se explica que, los investigadores de los centros participantes, siguiendo una metodología rigurosa, revisaron la estructura productiva de cada uno de sus países, para determinar las actividades más relevantes en cada uno de los sectores económicos y el peso que tiene la pequeña empresa en ellas, a fin de seleccionar la empresa representativa en cada sector.


Como segundo paso de la metodología implicó el exhaustivo levantamiento de data sobre los trámites que dicha empresa representativa tiene que cumplir para funcionar legalmente. Esta recolección se hizo a partir de entrevistas a empresas y expertos y permitió determinar cuántas personas y horas laborales son necesarias para realizar dichos trámites, incluyendo aspectos tan diversos como manejo y despido de personal, seguridad social y pensiones; salud y seguridad laboral; pago de impuestos; exigencias legales operativas, etc.


De igual manera, se evaluó la frecuencia de los cambios en las regulaciones que afectan estos trámites y cualquier otra exigencia específica para el funcionamiento de la empresa.


Esta data se cuantificó, lo que permitió determinar que en promedio una pequeña empresa dedica mucho más tiempo en horas para cumplir con trámites burocráticos en los países estudiados que en otras regiones más desarrolladas, como Europa.
Por una burocracia más eficiente


La doctora Sary Levy Carciente, miembro del Comité Académico de Cedice Libertad y coordinadora del proyecto, destaca la importancia de realizar estas mediciones y evaluaciones como una forma de contribuir a la transformación de la gestión pública, a fin de que sirva para dinamizar el entorno económico y facilitar la vida del ciudadano.


“La era de la revolución industrial 4.0 requiere que los gobiernos respondan más rápidamente a las necesidades de los ciudadanos. Ello impulsa un nuevo paradigma de gestión pública, con una burocracia gubernamental simplificada, ágil y adaptable en su estructura, en sus procesos y procedimientos y con un personal receptivo, abierto a facilitar soluciones”, destaca la economista, quien admite que lograr estos cambios no es tarea fácil, pero que son imprescindibles para lograr “una gobernanza en sintonía con los nuevos tiempos y las nuevas realidades”.


Recordó que en Venezuela existe una Ley de Simplificación de Trámites, vigente desde 1999, la cual fue reformulada en 2014 como Decreto con rango y fuerza de Ley, dictado por el presidente Nicolás Maduro, que, a su vez, está en proceso de reforma en la Asamblea Nacional, en función de digitalizar los procesos a una mayor escala.

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