No reconocer las irregularidades que se cometen en las innumerables alcabalas instaladas en el país, no acaba con la violación a los derechos humanos que enfrentan los ciudadanos que van desde vejaciones, humillaciones, «matraqueo» y en el peor de los casos, en secuestro.
El pronunciamiento lo hizo Liz Jaramillo, dirigente regional de Primero Justicia en el estado Aragua, quien de este manera coincide con las denuncias que formulan los productores agrícolas que traen sus productos a la capital y son víctimas del matraqueo y la extorsión, lo que también denuncio la periodista Valentina Quintero.
Jaramillo indicó que al menos en la entidad aragueña se han contabilizado «dos puntos de control en cada uno de los 18 municipios y que están lejos de generar seguridad en la población, al contrario, los ciudadanos sienten incertidumbre debido a los abusos de poder cometidos por los distintos cuerpos de seguridad».
Denunció que entre los señalamientos más frecuentes, es recurrente la coacción que implementan funcionarios uniformados a las personas, con el presunto fin de evadir multas por la vía legal, «en su mayoría, terminan en supuestas tarifas arbitrarias que deben ser canceladas en divisas de manera inmediata sin una regularización y mucho menos otorgar al infractor un documento que informe la presunta falta cometida».
Alcabalas montadas por delincuentes
Jaramillo informó que otro escenario al que se enfrentan los que transitan en las zonas de Bella Vista, Cagua , Villa de Cura, el municipio Zamora, «sectores de alto control por delincuentes y conocido por los cuerpos de seguridad, son constantes las denuncias de alcabalas irregulares protagonizadas por delincuentes, pranes, quienes mantienen el control de las zonas sin que se aplique ningún plan de seguridad establecido y anunciado con bombos y platillos, al contrario, el reporte de incontables secuestros y hechos de violencias quedan sin respuesta».
La dirigente de la tolda aurinegra precisó que el no reconocer la grave situación no implica que el problema se acabe, «los venezolanos no tienen ningún tipo de garantía al denunciar a cualquier funcionario que incurra en la ley y mucho menos a los delincuentes, incluso, el temor se incrementa cuando los que deberían brindar protección son los implicados y amenazan con detenciones arbitrarias sino son satisfechas sus solicitudes que están fuera de la ley».
