Registró el CDJ: Un total de 68 ataques e incidentes de seguridad contra defensores de derechos humanos en septiembre #27Oct

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En el mes de septiembre de 2022, el Centro para los Defensores y la Justicia, registró  68 ataques e incidentes de seguridad, de acuerdo con la información enviada a los medios de comunicación de todo el país. 

Advierte la organización que en un contexto adverso y restrictivo, se incrementan los riesgos para quienes se encuentran en la primera línea de respuesta a la crisis social, política y de derechos humanos en el país, sin que existan mecanismos efectivos para su protección.

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Ratifican que a pesar de las denuncias y las recomendaciones hechas al régimen venezolano, por los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos y otros actores de la comunidad internacional, continúa la profundización de las restricciones al espacio cívico y democrático afectan.

El accionar de las personas y organizaciones de derechos humanos sigue siendo limitado y controlado, como consecuencia de la represión y el control social del régimen, afectando no solo su operatividad sino también el acompañamiento de las víctimas.

Unos 68 ataques e incidentes de seguridad documentados durante el mes de septiembre reflejaron un nuevo aumento de agresiones, especialmente la estigmatización y otros hechos de carácter más violento como intimidación, hostigamiento y amenazas.

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El hostigamiento judicial en contra de personas defensoras, abogados y organizaciones se emplea como mecanismos de represalia, así como también pretende tener un efecto atemorizante en el resto de organizaciones, al utilizarse el derecho penal para criminalizar bajo la lógica del enemigo.

Caracterización de las agresiones

Los 68 hechos registrados durante el mes de septiembre se caracterizaron por los siguientes patrones de agresión:

47 Estigmatización

15 Intimidación y Hostigamiento

4  Amenazas

2 Ataque digital 

Régimen mantiene sus políticas contra defensores de DDHH

El régimen venezolano continúa criminalizando la defensa, exigencia y promoción de los derechos humanos, ello en un contexto en el cual se sigue profundizando el cierre del espacio cívico y democrático y cercenando las libertades fundamentales. En este escenario septiembre se presenta como el mes con la mayor cantidad de ataques documentados por el Centro para los Defensores y la Justicia en lo que va de 2022.

Entre los actos de intimidación, señalamientos, descalificaciones e incidentes registrados, algunos se constituyen como represalias en el marco de la presentación del informe de la Misión Internacional Independiente de los Hechos sobre Venezuela, así como también en relación a los casos denunciados y visibilizados en el informe presentado al Consejo de Derechos Humanos por la Secretaria General de Naciones Unidas relativo a los actos de intimidación y represalia por cooperar con las Naciones Unidas en la esfera de los derechos humanos.

La criminalización de la cooperación internacional ha sido una de los principales elementos que han caracterizado la persecución sistemática de quienes exigen y defienden derechos humanos en el país.

Durante el año han sido constantes amenazas y posible adopción de una ley de cooperación internacional. Durante el mes de septiembre la criminalización de la cooperación internacional en contra de las organizaciones y personas defensoras se evidenció producto de sus actividades de incidencia y de colaboración con instancias internacionales. 

Funcionarios e instituciones de la actual administración profesan amenazas y expresiones de descrédito al trabajo de las organizaciones, al ser fuentes para la emisión de informes de los mecanismos.

Defensa de DDHH no es delito

El acompañamiento a víctimas, la documentación, la cooperación internacional y la incidencia son labores legítimas enmarcadas en el derecho a defender derechos humanos. Lejos de ser un delito, son actividades necesarias para la recuperación de la institucionalidad democrática y para el alcance de la verdad, justicia y reparación de las víctimas. 

El régimen debe cesar la política de criminalización en contra de la defensa de los derechos humanos y garantizar entornos propicios y seguros para que quienes la ejercen, puedan hacerlo sin temor a represalias.

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