La ONG Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) informó que en Venezuela se registraron 20 ataques e incidentes de seguridad contra defensores de derechos humanos en abril, 38 menos que en marzo, cuando se documentaron 58 casos.
«Continúan las restricciones al espacio cívico y democrático. En este contexto se siguen produciendo vulneraciones al derecho a la defensa, promoción y exigencia de derechos humanos», señaló la ONG en su más reciente boletín.
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Del total de casos, 10 fueron de estigmatización, nueve de intimidación y hostigamiento y una amenaza.
El CDJ indicó que el 70 % de las víctimas fueron las organizaciones de derechos humanos y un 30 % las personas que trabajan en la defensa de estas garantías.
Los principales victimarios, prosiguió, fueron actores afines al gobierno o asociados a las estructuras «del Sistema Popular de Protección para la Paz» (50 %), funcionarios públicos (20 %), instituciones públicas (20 %), medios tradicionales y digitales del Estado y sus cuentas en redes sociales (10 %).
«En la medida en la que las organizaciones de la sociedad civil, y en particular las de DDHH, se articulan para seguir denunciado las violaciones de derechos humanos y los abusos de poder y exigir la rendición de cuentas, el entorno para el ejercicio de su labor es cada más hostil, adverso y restrictivo», apuntó el CDJ.
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El 21 de abril, la ONG informó que se registraron 226 ataques e incidentes de seguridad contra defensores de derechos humanos en el primer trimestre de 2023, un 131 % más con respecto al mismo período de 2022, cuando se documentaron 98 casos.
El CDJ exhortó al Estado a garantizar un «entorno propicio y seguro» para el ejercicio de la promoción de los derechos humanos en el país.
Código de vestimenta del Saime viola los DDHH
Este el 24 de mayo, la ONG Acceso a la Justicia afirmó que el código de vestimenta que recientemente impuso el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) es discriminatorio y viola los derechos humanos de los venezolanos.
Según Acceso a la Justicia, no existe base constitucional ni legal alguna para imponerle a los ciudadanos un «código de vestimenta».
En un video publicado por el Saime, el cual fue borrado horas después, se afirma que existe dicho código, el cual implica entre otras limitaciones, las siguientes: prohibición de «ropa informal», lo que se traduce explícitamente en ir en shorts, minifaldas, monos deportivos, leggins, camisas con escotes o pantalones con roturas.
A criterio de la ONG la mayoría de las prohibiciones son claramente contra las mujeres, y en nada se diferencian de las establecidas en aquellos países donde estas son «ciudadanas de segunda categoría», en la medida en que se imponen para que las mujeres no «estimulen» o peor aún, «provoquen a los funcionarios».
