Eduardo Fernández, político y abogado venezolano, condenó la práctica del régimen de inhabilitar a dirigentes políticos de la oposición por medio de decisiones de la Contraloría General de la República, sin que medie el “debido proceso” y el respeto a la legítima defensa.
Fernández afirmó que las inhabilitaciones son una violación a la Constitución Nacional.
Según él, «ningún ciudadano puede ser inhabilitado del ejercicio de sus derechos políticos consagrados en la Constitución por decisión de un órgano administrativo, sin que medie una decisión judicial, luego del debido proceso y agotados todos los recursos para la defensa».
En consecuencia, Fernández condenó la maniobra del gobierno y manifestó su solidaridad con María Corina Machado, Henrique Capriles y otros dirigentes opositores que sean víctimas de esa medida violatoria de la Constitución Nacional.
