La ONG Utopix anunció el 17 de julio que 99 mujeres fueron asesinadas en Venezuela en el primer semestre del año por motivos de género.
Entre enero y junio «ya se contabilizan un total de 99 femicidios a nivel nacional que fueron reseñados en los medios de comunicación», señala la ONG en su boletín. Además, explica que 9 venezolanas fueron asesinadas el mes pasado en Colombia, Perú, Ecuador y México.
Solo en junio, Utopix computó 18 casos de violencia mortal contra mujeres, de los cuales cinco se registraron en Lara,, el «estado con mayor cantidad» de feminicidios.
La organización considera «imprescindible» el desarrollo de un «plan de emergencia feminista» para la prevención, atención y mitigación de la violencia de género.
«Seguimos alertando y viendo con preocupación que desde el Estado no existe ninguna propuesta concreta para enfrentar esta problemática que afecta de manera estructural al país», alertó la organización.
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Según los datos que maneja la ONG, al menos 236 mujeres murieron a manos de feminicidas en 2022, una realidad por la que exigen al Estado «acciones urgentes» para reducir la violencia y «la impunidad que ampara muchas veces a estos agresores».
“Observamos con preocupación el desinterés de nuestro Gobierno de unirse al Acuerdo de Escazú. Nuestro pueblo uwottuja presente en el municipio Autana, estado Amazonas, le pide firmarlo porque Escazú contiene elementos como la protección de la biodiversidad y de los defensores del medio ambiente”, dice un líder indigena del pueblo uwottuja, que pidió la protección de su nombre debido a la grave situación de seguridad que se vive en el sur de Venezuela. Hace poco más de un año, el 30 de junio de 2022, fue asesinado en Autana el líder uwottuja Virgilio Trujillo por oponerse a las pistas ilegales del narcotráfico y a la minería ilegal.
El Acuerdo de Escazú es un tratado regional que entró en vigor en 2021 y que promueve el acceso efectivo a la información ambiental, a la justicia en los casos requeridos y la participación en la toma de decisiones que afecten el ambiente. Además, incluye la protección de los defensores ambientales, un problema clave considerando que el 68 % de los asesinatos de defensores ambientales en los últimos 10 años se ha registrado en Latinoamérica. En total, 25 países de la región lo han firmado, algunos tienen pendiente su ratificación —como Brasil y Perú— y otros como Venezuela, Cuba y Honduras simplemente decidieron no adherirse.
Con la esperanza de que el gobierno venezolano se una a Escazú para garantizar información a los ciudadanos sobre temas ambientales claves, así como la protección de los defensores de los ecosistemas, las organizaciones de la sociedad civil venezolana Clima21, Sinergia, La Vida de Nos y la red Odevida emitieron un comunicado público que reúne sus principales demandas. “Invitamos al Estado venezolano a firmar y ratificar de forma inmediata (…) Recomendamos la adopción de medidas de derecho interno necesarias para el aseguramiento del cumplimiento de los derechos de acceso y divulgación de información ambiental, acceso a la justicia ambiental, y promoción de la participación pública en asuntos ambientales”, dice la solicitud que fue publicada el 5 de junio, el día mundial del medio ambiente.
