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El pasado lunes 14 de agosto, el canciller, Yván Gil, emitió un comunicado del Gobierno venezolano donde apelaba a la decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) en el caso denominado Venezuela I por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad.
La apelación pretende revertir la decisión de la CPI de continuar con la investigación iniciada formalmente el pasado 3 de noviembre de 2021 por el fiscal Karim Khan, después que un grupo de países suscribientes del Estatuto de Roma solicitaron la apertura de una averiguación por crímenes cometidos en Venezuela con supuesta anuencia del Estado a partir de febrero de 2014.
El comunicado del Gobierno de Nicolás Maduro advierte que la investigación que lleva a cabo la CPI posee una “clara motivación política” y forma parte de una estrategia de “cambio de régimen impulsada por potencias extranjeras”.
Omar Piñango, coordinador del Observatorio de Crímenes de Lesa Humanidad de la ONG Defiende Venezuela, sostuvo que el régimen madurista afirma que en la investigación existen seis errores de hecho y de derecho que presuntamente vulneran disposiciones del Estatuto de Roma y del derecho internacional.
“Hasta ahora no se ha hecho público el documento de apelación, por lo que los detalles están por conocerse. En los próximos días debería estar disponible”, dijo el abogado.
A continuación enunciamos unas claves sobre lo que ocurre entre el Estado venezolano y la CPI:
- El 27 de junio de 2023 la sala de cuestiones preliminares I de la Corte Penal Internacional presentó su decisión de autorizar la reanudación de la investigación en Venezuela por supuestos delitos de lesa humanidad conforme al artículo 18 numeral 2 del Estatuto de Roma.
- El 2 de julio de este año, el Estado venezolano notificó su intención de apelar. “Presentó de manera muy general los motivos por los que consideraba que la decisión de seguir la investigación debía ser revertida, a la vez que se pronunciaba en torno a su solicitud de que el proceso se detuviera mientras se decidía la apelación”, sostuvo Piñango.
- El pasado 7 de julio de 2023, el Gobierno venezolano presentó una solicitud a la Sala de Apelaciones de la CPI para poder contar con más tiempo del establecido en el estatuto para sustentar su argumento. “En esa oportunidad, la Sala de Apelaciones concedió hasta el 14 de agosto a las 4 pm para que el Estado presentará la sustentación de la apelación”, recordó Piñango.
- Según Piñango existe una negación por parte del Estado venezolano a reconocer violaciones a los derechos humanos. “Con la apelación, el objetivo del Gobierno es revertir la decisión que autorizaba la continuidad de la investigación. Entre otras cosas, dicen que la investigación no se corresponde con los hechos y que no se incluyeron todos los elementos probatorios, además alegan que la Corte Penal Internacional no tiene jurisdicción y que hubo elementos que no presentaron a la Fiscalía por la barrera idiomática”.
- En una rueda de prensa ofrecida esta semana, el directivo de la ONG Foro Penal Venezolano, Gonzalo Himiob, sostuvo que la apelación del Gobierno madurista no detendrá la investigación de la CPI. “De hecho, en el momento en que la Sala de Apelaciones recibe la solicitud del Estado venezolano, una de las cosas que deja absolutamente clara es que esta manifestación no suspende el proceso investigativo”.
- Además de la Fiscalía de la CPI y el Gobierno de Maduro, en la Sala de Apelaciones también podrá emitir su opinión al respecto la Defensoría Pública de las Víctimas con observaciones escritas y está por verse la eventual participación de un panel de expertos de la Organización de Estados Americanos (OEA).
- Piñango aseveró que una eventual suspensión de la investigación afectaría el trabajo que se ha hecho en las ONG de mano con las víctimas. “No es que no sea posible, pero es que esta es una investigación que ha sido avasallante, que ha sido bastante frontal por parte de la CPI al analizar las pruebas que se han documentado. Lo que podríamos esperar es una decisión de la Sala de Apelaciones de confirmar la continuidad de la investigación que planteó la Sala de Cuestiones Preliminares”.
- El abogado Piñango comparó el caso venezolano con el de Filipinas, en el que el Estado también apeló en la CPI por la investigación que se le sigue por supuestos crímenes de lesa humanidad durante la llamada “guerra contra las drogas” en ese país. “Todas las situaciones son diferentes, pero podríamos esperar una respuesta similar. La valoración en ese caso fue que no era válido el argumento del Estado de que la CPI no tenía jurisdicción. Muy a grandes rasgos esperemos que no se detenga la investigación sobre Venezuela”.
- Himiob indicó en su alocución a los medios de comunicación que la CPI no solo está pendiente de violaciones a derechos humanos durante las protestas antigubernamentales de 2014 y 2017. “También de las inhabilitaciones, persecuciones y amenazas a la integridad física de políticos de la oposición en la víspera de unas elecciones presidenciales”.
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