Chile decreta duelo nacional por el asesinato de tres policías en el sur del país #27Abr

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El presidente de Chile, Gabriel Boric, decretó el sábado duelo nacional por la muerte de tres policías militarizados en una presunta emboscada en el sur del país. El incidente, que coincidió con el Día del Carabinero, se produce en medio de una crisis de seguridad.

Dos cabos primeros y un sargento primero fueron quemados en el interior de un vehículo en un ataque en la zona de Cañete, donde tradicionalmente han actuado grupos vinculados a la causa mapuche, según la información confirmada por el delegado presidencial en la región de Biobío, a más de 400 kilómetros (unas 250 millas) al sur de la capital, Santiago, y más tarde ratificada por la ministra del Interior, Carolina Tohá.

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“Se ha producido un atentado extremadamente grave”, señaló la ministra, tras confirmar que se encontraron los cuerpos de tres funcionarios de Carabineros calcinados. Agregó que un equipo de bomberos que había sido advertido de un vehículo incendiándose, los localizó dentro.

Ningún grupo se atribuyó de inmediato la autoría del ataque.

“Con dolor, lamentamos informar a la comunidad y a nuestra familia sobre el horrible asesinato de tres de nuestros carabineros”, informó Carabineros a través de la red social X. De acuerdo con el mensaje, los tres hombres realizaban tareas de patrullaje preventivo en Cañete cuando fueron asesinados.

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En el último mes, otro efectivo de la policía militarizada murió en otro incidente violento.

“En esta fecha tan significativa, una vez más cargamos, con tristeza, el luto por quienes dan la vida por los demás”, afirmó la institución, que envió sus condolencias a las familias de los fallecidos.

La celebración del Día del Carabinero quedó suspendida y Boric, que participó en una reunión de emergencia de madrugada, viajará a la zona para asistir a los sepelios. El duelo nacional se extenderá por tres días.

El mandatario afirmó que “no habrá impunidad” y que se perseguirá a los culpables “por cielo, mar y tierra” hasta encontrar a los responsables de las muertes y enfrenten la justicia.

“Con profundo dolor” entregamos las condolencias a las familias de los policías “que fueron brutalmente asesinados, en un acto que merece toda la condena y el repudio no solamente del Estado de Chile sino de la sociedad chilena”, señaló Boric en un mensaje a la prensa. El mandatario estaba acompañado del presidente del Tribunal Supremo, los representantes de la Cámara de Diputados y del Senado, así como de los directores de la policía de investigaciones y representantes del Ministerio de Defensa.

En declaraciones a la emisora de radio Biobío, el general director de los carabineros, Ricardo Yáñez, ya desplazado a la región donde ocurrieron los hechos, indicó que las primeras investigaciones apuntaban a que el asesinato habría sido planificado. Además, instó al resto de los efectivos a seguir trabajando “con la frente en alto”.

El incidente estaba causando conmoción en un país que atraviesa una grave crisis de seguridad.

En la región de la Araucanía y el Biobío rige desde mayo de 2022 un estado de Emergencia y la presencia de militares para contrarrestar este tipo de delitos que son frecuentes en el lugar y suelen tener como objetivos empresas forestales, iglesias y otras instituciones.

“Este ataque va en contra de todo el enorme esfuerzo que se ha hecho” en esta zona “para terminar con la violencia, para encontrar caminos de paz para resolver los problemas”, aseguró Tohá, agregando que ese ataque “no va a hacernos dar un paso atrás en este esfuerzo”.

De los 19 millones de chilenos, un 10% se reconoce como mapuches que en muchos casos viven en comunidades. La mayoría acepta la política oficial de entregar pequeños terrenos a grupos que muchas veces carecen de recursos para explotarlas. Pequeños grupos minoritarios rechazan este plan y realizan actos violentos en demanda de la restitución de tierras de sus antepasados, los habitantes originarios de Chile.

Actualmente, la mayoría de las tierras, ubicadas a unos entre 500 y 700 kilómetros al sur de Santiago, están en manos de grandes empresas forestales, dueños de fincas y empresas de transportes.

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