Cerca de 45.000 personas permanecían confinadas el martes en el este de Colombia como consecuencia de un paro armado —que restringe la movilidad de los pobladores bajo amenaza— declarado desde el domingo por la guerrilla Ejército de Liberación Nacional, informó la estatal Defensoría del Pueblo.
El confinamiento se da pese a que las Fuerzas Armadas desplegaron desde el domingo a 5.000 militares en el departamento de Chocó en busca de garantizar la movilidad en la zona.
Uno de los frentes del ELN declaró la restricción de movilidad desde el 11 de agosto y de manera indefinida en una carretera municipal y en los ríos San Juan, Sipí y Cajón, por los cuales los habitantes de las zonas rurales suelen desplazarse.
La guerrilla, en armas desde 1964, justificó su accionar aduciendo que así evitarían que los pobladores se vean afectados por los combates que sostienen con el Clan del Golfo, el principal cártel de narcotráfico del país y al que señalan, sin mostrar pruebas, de ser apoyado por militares.
El ELN sostiene diálogos de paz con el gobierno colombiano desde noviembre de 2022. Sin embargo, las conversaciones atraviesan una crisis desde marzo por mutuas acusaciones de incumplimientos entre las partes, por lo que están suspendidas las rondas de negociación. Tras casi un año de mantener un cese al fuego bilateral, el mismo venció el 3 de agosto y las fuerzas militares reanudaron sus operaciones ofensivas contra la guerrilla.
La Defensoría del Pueblo, encargada de velar por los derechos humanos en el país, aseguró en un comunicado que se trata de una «emergencia humanitaria» que afecta a 85 comunidades afrodescendientes e indígenas confinadas.
El confinamiento limita el acceso a la alimentación, los servicios de salud y educación de las poblaciones vulneradas, agregó la entidad.
Durante 2023 se registraron seis paros armados en Chocó y en lo que va de 2024 se han reportado dos más, de acuerdo con la Defensoría.
