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En Venezuela, la libertad de expresión se encuentra severamente restringida por la polémica Ley Contra el Odio, que entró en vigor en 2017.
Esta ley, formalmente conocida como la Ley Contra los Delitos de Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, ha sido utilizada reiteradamente para silenciar y encarcelar a quienes critican al gobierno bajo la justificación de prevenir la propagación de mensajes que inciten al odio.
La Ley fue aprobada por unanimidad en la extinta Asamblea Nacional Constituyente (ANC), un órgano creado por el chavismo sin participación de la oposición.
Dicha elección fue cuestionada por la empresa Smartmatic, encargada de las máquinas de votación, que alegó que los resultados de participación presentados por el Consejo Nacional Electoral estaban inflados en al menos un millón de votos.
Cocuyo Chequea, junto con su chatbot “Tía de WhatsApp”, ha recibido numerosas solicitudes para verificar publicaciones en redes sociales que podrían estar en conflicto con esta ley. En respuesta, hemos creado un explicador para esclarecer cómo funciona esta cuestionada regulación.
La Ley Contra el Odio en Venezuela
La Ley Contra el Odio tiene como objetivo, según su texto, “prevenir y erradicar toda forma de odio, desprecio, hostigamiento, discriminación y violencia”, promoviendo valores de paz, tolerancia y convivencia solidaria.
Sin embargo, en su capítulo 13, prohíbe explícitamente la “propaganda y mensajes a favor de la guerra” y la “apología del odio” en diversas formas, incluyendo aspectos nacionales, raciales, étnicos, religiosos, políticos, sociales, de género y orientación sexual.
Organizaciones defensoras de derechos LGBTIQ+ han criticado duramente al Fiscal General, Tarek W. Saab, por sus comentarios despectivos hacia personas trans, describiéndolos como “aberraciones humanas” y asociándolos con agendas engañosas.
Este tipo de declaraciones, junto con la desinformación y el estigma promovidos por algunos voceros religiosos y opositores, han sido comunes sin que se lleve a cabo una investigación o sanción adecuada.
La Ley, presentada por Nicolás Maduro el 10 de agosto de 2017, establece penas severas.
El artículo 21 estipula hasta 20 años de prisión para quienes sean considerados culpables de incitación al odio, discriminación o violencia.
Además, sanciona con 8 a 10 años de cárcel a funcionarios y personal de salud que no intervengan o que se nieguen a actuar en casos relacionados con delitos de odio.
A pesar de las críticas y advertencias sobre su legitimidad, como la de la ONG Acceso a la Justicia que cuestionó la legalidad de la ley por no ser dictada por la Asamblea Nacional, la Ley Contra el Odio continúa en vigor en 2024, consolidando un entorno de represión y control sobre las voces disidentes en Venezuela.
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