Organizaciones no gubernamentales de derechos humanos congregaron el miércoles a un centenar de manifestantes frente a la embajada de Brasil en Caracas para solicitarle al gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva que interceda por la libertad de los detenidos durante las protestas postelectorales.
Las fuerzas de seguridad han arrestado a más de 2.500 personas por manifestarse contra el presidente Nicolás Maduro, que fue declarado ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio, mientras según la oposición el gobernante perdió la votación ante el exdiplomático Edmundo González.
González, sobre quien pesaba una orden de aprehensión, dejó el país el pasado fin de semana tras obtener el asilo en España.
Entre los detenidos hay periodistas, líderes políticos, miembros de la campaña opositora y un abogado que defiende a los manifestantes. A otros se les anularon los pasaportes venezolanos al intentar salir del país y otras 24 personas han muerto, según el grupo de derechos humanos Provea, con sede en Venezuela.
Una comisión entregó a funcionarios de la sede diplomática brasileña un documento en el que denunció las malas condiciones los detenidos «a los que se les violentan todos sus derechos humanos, a quienes no se les garantizan las condiciones mínimas de reclusión y se les mantiene en aislamiento» y no se les permite la visita de familiares.
Los manifestantes exigieron «la libertad plena y sin condiciones de todos los presos», declaró a la prensa Diego Casanova, familiar de uno de los detenidos luego de su salida de la embajada de Brasil.
Muchos gobiernos —entre ellos el brasileño— aún no han reconocido la victoria electoral de Maduro y le han exigido a las autoridades que publiquen un desglose de los votos.
Lula da Silva, considerado uno de los aliados del mandatario venezolano en la región, ha insistido públicamente en que Maduro debe presentar las actas electorales que demuestran su victoria.
Brasil, Colombia y México venían gestionando una mediación diplomática en búsqueda de una salida a la crisis en la que está sumido el país sudamericano tras los comicios, en los que el organismo electoral y un tribunal ratificaron la victoria de Maduro para un nuevo período de seis años.
Organismos y observadores internacionales han puesto en duda la independencia e imparcialidad de esas entidades por estar conformadas por exfuncionarios allegados al gobierno.
