El partido Primero Justicia (PJ) exigió este viernes la liberación inmediata de los 34 miembros de su organización que permanecen detenidos bajo el gobierno de Nicolás Maduro, así como de los 1.958 presos políticos que, según el registro de la organización no gubernamental Foro Penal, están encarcelados en Venezuela.
De estos, al menos 69 son menores de edad, con edades entre los 14 y 17 años, y muchos de ellos fueron arrestados tras las recientes elecciones.
A través de un comunicado de prensa, PJ señaló que su partido es el segundo en la oposición venezolana con más presos políticos, destacando los casos del exalcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez Colina, y del exdirector de la Alcaldía de Maracaibo, Pedro Guanipa, quienes se encuentran detenidos desde hace meses.
El partido denunció que la represión del gobierno de Maduro ha aumentado tras las manifestaciones de protesta por el descontento con los resultados de los comicios y la exigencia de respeto a la voluntad popular expresada por los venezolanos en las urnas. En este sentido, PJ condenó el uso del sistema judicial y las fuerzas de seguridad para silenciar a quienes se oponen al gobierno, afirmando que la persecución política afecta no solo a los líderes de oposición, sino también a defensores de derechos humanos y a miembros clave de la sociedad civil.
Entre los activistas que también forman parte de este grupo de presos políticos, PJ mencionó a Javier Tarazona, detenido desde julio de 2021, y a Rocío San Miguel, arrestada en febrero de 2024. Ambos, según la nota, son víctimas de una persecución dirigida a desmantelar cualquier forma de oposición o crítica al gobierno.
Además de exigir la liberación de los presos políticos, Primero Justicia hizo un llamado a la comunidad internacional para que siga denunciando las constantes violaciones a los derechos humanos en Venezuela y presione al oficialismo para que cese las prácticas de represión y persecución. En su comunicado, el partido subrayó la necesidad urgente de que el gobierno de Maduro garantice los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, especialmente aquellos que están siendo detenidos de manera arbitraria y sin el debido proceso.
