La ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) presentó este miércoles 30 de abril su informe anual correspondiente a 2024, revelando un preocupante incremento en diversas formas de violencia estatal y violaciones de derechos humanos en el país. El documento arroja cifras alarmantes, especialmente en lo referente a tratos crueles, detenciones arbitrarias y asesinatos perpetrados por funcionarios de seguridad.
El informe de Provea destaca que 2.224 personas fueron víctimas de «tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes» en 2024, lo que representa un significativo aumento del 88% en comparación con el año anterior.
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Lissette González, coordinadora de investigación de la ONG, señaló que también se documentaron 60 denuncias de tortura y 93 personas heridas en el contexto de las manifestaciones posteriores a las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Crisis postelectoral
La organización también registró un incremento del 300% en allanamientos ilegales, con un total de 72 casos. González advirtió que estas cifras representan un subregistro de la realidad, ya que solo incluyen aquellos casos que fueron denunciados públicamente.
Uno de los datos más impactantes del informe es el aumento exponencial de las violaciones a la libertad personal, que se dispararon en un 1.347,8%, alcanzando los 2.635 casos en 2024. Provea subraya que el 94% de estas detenciones se produjeron en el contexto de la crisis postelectoral, afectando de manera desproporcionada a los sectores populares del país (95%).
Patrón sistemático
En cuanto al derecho a la vida, Provea documentó 522 asesinatos cometidos por funcionarios de seguridad del Estado durante 2024. La Policía Nacional Bolivariana (PNB) se identificó como el principal cuerpo responsable, representando el 29% del total de estos casos. El informe revela un patrón sistemático de criminalización de jóvenes hombres de sectores populares, ya que el 65% de las víctimas de asesinatos tenían entre 18 y 30 años.
La ONG también ofreció una perspectiva a largo plazo, indicando que desde 2013 hasta 2024 se han documentado 10.517 asesinatos por cuerpos de seguridad del Estado, con 6.414 de ellos ocurriendo en los últimos cinco años.
Por último, denunció que, en la mayoría de estos casos, las muertes son presentadas por las autoridades como «enfrentamientos«, lo que impide una investigación adecuada y la identificación de los responsables.
