En un dramático llamado de auxilio, 31 migrantes venezolanos detenidos en el centro de detención Bluebonnet, en Texas, formaron con sus cuerpos las letras “SOS” en el patio del recinto, expresando su temor a ser deportados a El Salvador, donde podrían ser enviados a la temida prisión de máxima seguridad CECOT.
La protesta, registrada por un dron de la agencia Reuters, ocurre tras recibir notificaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que los acusa de pertenecer a la organización criminal venezolana Tren de Aragua, y los somete a deportación bajo la antigua Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que habilita expulsiones sin proceso judicial migratorio regular.
Corte Suprema bloquea deportaciones, por ahora
La noche del 18 de abril, un grupo de venezolanos fue trasladado hacia el Aeropuerto Regional de Abilene, aparentemente para ser expulsado del país, pero la Corte Suprema de Estados Unidos intervino con una medida temporal de suspensión. Desde entonces, los detenidos viven con angustia ante la posibilidad de que se reactive la orden.
Según la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y testimonios familiares, varios de los migrantes, como Diover Millán (24 años) y Jeferson Escalona (19 años), no tienen antecedentes penales y niegan cualquier vínculo con pandillas. Escalona afirmó ser exfuncionario policial en Venezuela y asegura que su detención se basó en malinterpretaciones de fotografías personales.
“No pertenezco a ninguna pandilla. Están haciendo acusaciones falsas sobre mí. Quiero regresar a Venezuela”, dijo Escalona en entrevista telefónica desde Bluebonnet.
Temor y condiciones precarias dentro del centro
En el centro, operado por una empresa privada bajo contrato con el ICE, los migrantes reportan falta de alimento adecuado, miedo constante y estrés psicológico extremo. Familiares de los detenidos aseguran que los internos se turnan para dormir, atentos a posibles traslados nocturnos.
“Está desesperado. Me contó que cuando salió al patio, miró al cielo y le pidió a Dios que lo sacara de allí”, relató la esposa de Diover Millán.
En respuesta, los administradores del centro afirmaron que se entregan tres comidas diarias siguiendo recomendaciones dietéticas, mientras que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) insiste en que “el trato es humano y conforme a las normativas federales”.
El uso polémico de la Ley de Enemigos Extranjeros
La aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros, una legislación de más de dos siglos de antigüedad, ha generado alarma entre defensores de derechos humanos, especialmente por la falta de pruebas en algunos casos y el destino de los deportados. Desde 2023, al menos 137 venezolanos han sido enviados a El Salvador, país donde podrían terminar recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), conocido por su trato severo a presuntos miembros de pandillas.
Durante una visita de funcionarios de inmigración al dormitorio de los detenidos el 26 de abril, un audio obtenido por Reuters reveló la incertidumbre: “Si lo expulsan bajo esa ley, su fecha en la corte no existe, nunca la tendrá”, explicó un agente.
Muchos de los migrantes detenidos, incluidos aquellos sin antecedentes ni afiliaciones delictivas, siguen esperando audiencias migratorias o tienen solicitudes de asilo pendientes. El caso de Millán, por ejemplo, tiene audiencia programada para el 1 de mayo, a menos que sea deportado antes.
La situación refleja las tensiones crecientes entre políticas migratorias endurecidas y los derechos fundamentales de migrantes que huyen de crisis humanitarias, como la que afecta a millones de venezolanos.
