Lindomar Jesús Amaro Bustamante, un joven de 27 años arrestado tras la elección presidencial en Venezuela del 2024, falleció el pasado 3 de mayo bajo custodia del Estado venezolano en la cárcel de Tocorón, una prisión de máxima seguridad en el estado Aragua.
Lea también: VIDEO | Clippve denuncia que la Fiscalía General rechazó una carta sobre «violaciones a los DD.HH.» #28Abr
La denuncia fue hecha este domingo por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, mientras que María Corina Machado, responsabilizó directamente al mandatario venezolano por lo ocurrido.
«Esta muerte tiene UN solo responsable: Maduro», afirmó Machado a través de su cuenta en la red social X, calificando el hecho como uno de los crímenes más horrendos del régimen.
Amaro fue detenido en julio de 2024 en el estado Cojedes por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), acusado de «incitación al odio, hostigamiento y tenencia de arma de guerra», además de tener antecedentes por hurto. Según la ONG, ya había intentado quitarse la vida anteriormente y, pese a que su familia alertó sobre su estado, no recibió atención médica ni protección, lo que agrava la responsabilidad estatal.
Falta de atención oportuna
La causa oficial de muerte fue reportada como “ahorcamiento dentro de su celda”. La ONG también denunció que Jhoandri Silva, compañero de celda de Amaro y detenido bajo cargos similares, intentó suicidarse en las mismas circunstancias. Silva había sido recientemente hospitalizado por una crisis nerviosa y fue devuelto al penal pese a su estado.
Lea también: Amnistía Internacional exige el fin de abusos y torturas contra detenidos poselectorales en Venezuela #26Abr
Desde 2014, al menos una docena de presos políticos han fallecido bajo custodia en Venezuela, según organizaciones de derechos humanos. Solo entre 2024 y lo que va de 2025, seis detenidos han muerto en prisión, lo que organizaciones como el Comité consideran evidencia de una “política de abandono e impunidad” dentro del sistema penitenciario.
Denuncias a las condiciones de aislamiento
El cuerpo de Amaro fue enterrado de forma exprés en el estado Cojedes. La ONG Madres en Defensa de la Verdad denunció que los presos sufren maltrato físico, tortura psicológica, aislamiento, desnutrición y falta de acceso a agua potable y atención médica.
Ambas organizaciones han exigido al Estado una investigación transparente y sanciones para los responsables, incluido el director del penal, Juan Carlos Quezada, señalado por los familiares como responsable de las condiciones infrahumanas en Tocorón.
Actualmente, hay 906 presos políticos en Venezuela, según datos del Foro Penal, la mayoría detenidos tras las protestas que siguieron a la cuestionada reelección de Maduro en julio de 2024.
