Amnistía Internacional denunció el martes 15 de julio, que las desapariciones forzadas en Venezuela constituyen crímenes de lesa humanidad. En su más reciente informe, titulado Detenciones sin rastro, la organización documenta 15 casos ocurridos entre julio de 2024 y junio de 2025.
Según el informe, las desapariciones forzadas se han convertido en una estrategia sistemática del Estado venezolano para silenciar a opositores políticos, periodistas, activistas de derechos humanos y ciudadanos críticos del régimen.
Amnistía sostiene que estos crímenes han sido cometidos de forma “organizada, repetida y con respaldo institucional”, lo que cumple con los criterios del derecho internacional para considerarlos como crímenes internacionales de responsabilidad penal individual.
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Periodistas y activistas entre los detenidos
Entre los casos documentados figuran figuras como Alfredo Díaz, exgobernador y dirigente opositor; Rory Branker, periodista del portal La Patilla; y Eduardo Torres, activista de la ONG Provea.
El informe también denuncia la desaparición de ciudadanos extranjeros, como los españoles Andrés Martínez y José María Basoa, y del ucraniano Yevhenii Trush, un joven con condiciones neurodivergentes, detenido mientras solicitaba asilo.
Organismos de seguridad y plataformas digitales como instrumento
Amnistía subraya que muchas detenciones se realizaron sin órdenes judiciales, en operativos llevados a cabo por organismos como el SEBIN, DGCIM, GNB y el SAIME, que luego negaron la detención o el paradero de las personas.
La organización también alertó sobre el uso de tecnologías de control social como la aplicación oficial VenApp, que habría sido utilizada para identificar, señalar y facilitar arrestos de supuestos disidentes en zonas populares.
El informe se publica en un momento de máxima tensión postelectoral, con más de 2.200 detenciones durante protestas, muchas de ellas arbitrarias. Maduro afirmó públicamente: “Esta vez no va a haber perdón. Esta vez lo que va a haber es Tocorón”, en referencia a la temida cárcel venezolana, lo que fue interpretado como una amenaza directa a los manifestantes.
Amnistía Internacional exigió al gobierno de Maduro liberar de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente, cesar las desapariciones forzadas, permitir el ingreso de observadores internacionales y garantizar justicia, reparación y garantías de no repetición para las víctimas y sus familias.
“La desaparición forzada no es solo una violación grave de derechos humanos. Es un crimen que, por su gravedad, no puede quedar impune”, concluyó el informe.
Asimismo, instó a la comunidad internacional a mantener vigilancia activa sobre la situación de derechos humanos en Venezuela y apoyar los procesos de rendición de cuentas, incluyendo la investigación en curso de la Corte Penal Internacional, que ya analiza delitos como desaparición forzada, tortura y persecución política en el país.
