«La justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo.»
Ulpiano
La afirmación del jurista romano Ulpiano resuena con una ironía dolorosa en el contexto actual de la administración de justicia, particularmente en el estado Zulia, Maracaibo. Si, como señala Pere Bonnin en «Los pobres jueces de la democracia«, «si la justicia no funciona, no hay democracia ni estado de derecho», entonces la situación que se vive hoy en nuestros tribunales es una severa advertencia. No lo decimos nosotros, lo dice la cruda realidad de las noticias que vibran en el tapete público por casos de corrupción, y lo confirma la práctica experiencial que, día a día, observa cómo la noble profesión de abogado se ve socavada. La evidencia empírica es contundente: pareciera que los clientes de los abogados debieran ser, en muchos casos, los «clientes» de los jueces y fiscales, en un preocupante giro que desnaturaliza por completo el rol del sistema judicial.
En medio de este panorama sombrío, es preciso reconocer la actividad sostenida y el empuje de la Fiscalía General de la República en la persecución de estos delitos. Lejos de ocultar las irregularidades, la Fiscalía está actuando con firmeza, sacando a la luz lo que otros intentan mantener bajo la alfombra. Su labor es vital para desenmascarar y sanear el sistema judicial zuliano, pisándole los talones a quienes, desde sus posiciones de poder, han permitido que la toga se llene de remiendos.
La interdependencia entre justicia y democracia: Un pilar resquebrajado
La primera afirmación de Bonnin subraya la crucial importancia de un sistema judicial eficaz como pilar de la democracia. Un poder judicial independiente e imparcial es la garantía de la igualdad ante la ley, la protección de los derechos fundamentales y el límite al poder. Sin esta base, la democracia se convierte en una fachada, y el Estado de derecho se desmorona, abriendo la puerta a la impunidad y la arbitrariedad. La erosión de la confianza ciudadana en sus tribunales es un indicio inequívoco de esta fragilidad. Cuando la justicia es percibida como fallida o corrupta, la sociedad se desengancha, y el orden social se ve amenazado.
Un panorama de corrupción y confianza erosionada
El estado Zulia, y en particular su capital Maracaibo, ha sido escenario de diversos escándalos relacionados con la corrupción en el ámbito judicial. Estos casos han involucrado a una variedad de actores, desde jueces y fiscales hasta secretarios y abogados, minando la ya frágil confianza ciudadana en las instituciones.
Se han reportado detenciones de jueces y fiscales por supuesta conspiración y corrupción, con allanamientos que han revelado importantes sumas de dinero en efectivo. Esto sugiere una interconexión entre el poder económico y el judicial, donde se habrían cobrado altas sumas para «frenar» procesos o tomar decisiones judiciales irregulares. Asimismo, es recurrente la denuncia de esquemas de extorsión y sobornos donde funcionarios judiciales habrían participado, solicitando dinero a cambio de agilizar trámites o influir en decisiones. La reciente detención de una fiscal y una abogada en el Zulia por presuntos hechos de corrupción se suma a esta lamentable lista, reafirmando que la corrupción es un desafío persistente que puede manifestarse en diferentes niveles y roles dentro del sistema judicial. En algunos escenarios, se ha sugerido que ciertos operadores habrían incluso obstruido la justicia en casos de alto perfil, indicando una complicidad que trasciende el soborno individual y apunta a una estructura de impunidad.
La sombra de la injusticia en el Sistema Judicial Zuliano
Más allá de los casos explícitos de corrupción con transacciones monetarias, una faceta igualmente corrosiva del sistema judicial en el Zulia es la presencia de la arbitrariedad y el «amiguismo». Esta práctica se manifiesta en una red de relaciones informales entre operadores judiciales que puede distorsionar la aplicación de la ley y perpetuar la injusticia. En este escenario, la balanza de la justicia no se inclina por el peso de la evidencia o el derecho, sino por intereses inconfesables y vínculos personales o de grupo.
La arbitrariedad en la toma de decisiones se evidencia cuando las resoluciones judiciales no parecen seguir una lógica jurídica clara o cuando contradicen principios procesales básicos. A menudo, esto se ve alimentado por la influencia de algunos jueces o juezas sobre otros colegas, creando una jerarquía informal donde las decisiones no se basan en la autonomía judicial, sino en la presión o la complacencia hacia figuras con mayor ascendencia. Esta dinámica puede conducir a violaciones flagrantes de normas procesales, a la perpetuación de iniquidades y a la manipulación de los procesos judiciales por intereses ocultos.
Un ejemplo palpable de esta arbitrariedad es la violación del principio de flagrancia. Aunque la ley establece claramente cómo deben manejarse estos casos, en la práctica se observa una preocupante tendencia a ignorar o manipular estos procedimientos. Cuando la flagrancia no se respeta, burlándose de los límites de los lapsos procesales que son de orden público, se crea una ventana de oportunidad para la presión indebida. El abogado defensor se ve a menudo en una situación donde, para asegurar que el derecho de su defendido no sea invisibilizado, se le induce tácitamente a «resolver» la situación por vías extraoficiales, que funcionan como una «agilización» o «lubricación» ilícita del sistema, una forma velada de extorsión donde el acceso a una justicia pronta y conforme a derecho se condiciona a un desembolso non santo.
La toga con tantos remiendos que ya no cubre sus vergüenzas
La segunda frase de Bonnin, «la toga judicial tiene tantos remiendos que ya no cubre sus vergüenzas», es una metáfora poderosa que encapsula la crisis de credibilidad. Los escándalos en el Zulia son remiendos que exponen las grietas del sistema: las injerencias indebidas, la corrupción sistémica, la lentitud e ineficiencia, y la falta de transparencia. Cada uno de estos elementos contribuye a una impunidad creciente y a la pérdida de la autoridad moral de quienes deberían ser los garantes de la ley. Si el sistema judicial no cumple su función de contrapeso y garante, todo el engranaje democrático se debilita.
Un llamado a la recuperación de la confianza
La evidencia empírica de los casos de corrupción y la arbitrariedad en el sistema judicial zuliano nos obliga a confrontar una realidad incómoda: la justicia no está funcionando como debería. Los ciudadanos y los profesionales del derecho perciben que el sistema no es un garante de justicia, sino un terreno fértil para la manipulación y los intereses particulares. Esto no solo debilita el Estado de Derecho en el Zulia, sino que también socava la noción misma de democracia. Es imperativo que la sociedad exija y las autoridades implementen reformas profundas para restaurar la integridad, la independencia y la credibilidad del sistema judicial, para que la toga, lejos de mostrar sus remiendos, vuelva a ser un símbolo de respeto y equidad.
«La ley debe ser el instrumento para la justicia, no el pretexto para la injusticia.»
Santo Tomás de Aquino.
Doctor Crisanto G. León
Profesor Universitario
