En el balance del Foro Penal Venezolano del 14 de julio, la ONG denunció que en Venezuela hay actualmente 948 personas catalogadas como presos políticos. De al menos 51 de ellos se desconoce el paradero desde que fueron detenidos por cuerpos de seguridad del Estado.
La organización precisó que de los 948 presos políticos, 852 son hombres y 96 son mujeres; 778 son civiles y 170 militares. Además, 944 son adultos y 4 adolescentes. Del total, apenas 153 han recibido una condena, mientras que la gran mayoría —795 personas— no ha sido juzgada. Solo 6 se encuentran formalmente encarcelados en centros reconocidos, lo que acentúa las alarmas sobre irregularidades procesales y posibles lugares de detención clandestinos.
Desde 2014, el Foro Penal ha registrado al menos 18.439 detenciones por motivos políticos en el país. Más de 14.000 personas han sido excarceladas con la asistencia legal de esta ONG, pero otras 9.000 continúan sujetas a medidas restrictivas arbitrarias.
Este balance ha sido enviado a organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la OEA, en busca de verificación y presión internacional ante la grave situación de derechos humanos en Venezuela.
Desaparición forzada, una práctica represiva que se consolida en Venezuela
Amnistía Internacional advirtió que la desaparición forzada de personas opositoras, disidentes y extranjeras en Venezuela se ha consolidado como parte de un ataque sistemático y generalizado contra la población civil, lo que configura un crimen de lesa humanidad.
En su informe “Detenciones sin rastro: El crimen de desaparición forzada en Venezuela”, presentado el 15 de julio, documentan 15 casos emblemáticos ocurridos entre julio de 2024 y junio de 2025, en el contexto de una represión intensificada tras las elecciones del 28 de julio de 2024. La organización señala que estas desapariciones, muchas de carácter temporal y sin paradero oficial, fueron ejecutadas principalmente por cuerpos de seguridad como el Sebin, Dgcim y la Guardia Nacional.
Esta investigación evidencia que la mayoría de las víctimas fueron detenidas arbitrariamente, incomunicadas, sin orden judicial, y recluidas en centros no oficiales o clandestinos. Se denuncian audiencias secretas, torturas, uso político de las detenciones y criminalización de extranjeros para reforzar la narrativa oficial de conspiración. AI recalca que estas prácticas no son aisladas, sino parte de una política de Estado que vulnera múltiples derechos fundamentales y que se ejerce con total impunidad, con el sistema judicial funcionando como instrumento para legitimar violaciones.
