El mayor (r) Nelson Pereira, coordinador de la zona centroccidental del Ministerio del Trabajo, es acusado de los delitos de presunta violación del derecho de inamovilidad que gozan las trabajadoras que se encuentran en estado de gravidez, así como la extorsión a empresas para lograr decisiones a su favor en los conflictos laborales y el cobro por calificar el despido de trabajadores.
El abogado José Francisco Sepúlveda, esposo y representante legal de Rosa Virginia Sierralta, en compañía del diputado ala Asamblea Nacional, Andrés Avelino Álvarez, señaló que en el caso de su cónyuge, quien se desempeñaba como jefe dela Salade Contratos dela Inspectoríadel Trabajo José Pío Tamayo, ubicada en Barquisimeto, fue destituida en diciembre del año pasado, cuando disfrutaba de los días de reposo por maternidad, bajo un amparo que la prevenía de ser removida de su cargo.
“El día 27 de enero salió publicada la remoción de esta funcionaria, violentando una norma constitucional sagrada como lo es el derecho a la maternidad, la protección a la familia, yla Ley Orgánicadel Trabajo en cuanto a la defensa de la inamovilidad maternal”, explicó el abogado.
Por su parte, Álvarez aseguró que el presunto delito contra Sierralta se habría cometido por Pereira, quien estaría en contubernio con María Cristina Iglesias, ministra del Trabajo, quien también habría avalado despidos injustificados contra otros empleados ministeriales que estarían de reposo por enfermedad. “Esto quiere decir que los mismos garantes de la ley son los que la violentan”, dijo.
Indicó que también ha recibido información sobre la supuesta participación de Pereira en la extorsión a empresas y corporaciones radicadas en Barquisimeto, así como el cobro de hasta treinta mil bolívares fuertes por las calificaciones de despidos contra los trabajadores en los casos en los cuales no aplica.
“Nos vemos en la responsabilidad (de denunciar) porque vemos que (Pereira) es un ente de peligro, cuya destitución ya ha sido exigida por hasta afectos al proyecto chavista, quienes cuentan con más de siete mil firmas contra quien consideran un apátrida y traidor al movimiento obrero. Es una amenaza a la vida laboral, no sólo de los patronos sino también de los trabajadores”.
Este miércoles, se solicitará un derecho de palabra antela Comisiónde Asuntos Sociales dela AN, presidida por el diputado Oswaldo Vera. Álvarez indicó que se encuentra en contacto con organizaciones sindicales para soportar su denuncia.
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