334,55% fue la cifra de hacinamiento en los calabozos policiales de Venezuela durante el 2022, reflejó la ONG Una Ventana a la Libertad (UVL) en su informe anual publicado este pasado jueves 13 de abril, situación que ha empeorado las condiciones sanitarias de los recluidos en los centros de detención preventiva.
El estudio se realizó en 335 calabozos policiales en el primer semestre del 2022, determinando una población de 16.778 personas, mientras que para el segundo semestre se tomaron 284 centros de reclusión y la cantidad de 16.837 detenidos.
“El problema de estar más de 48 horas en un centro de detención preventiva, ese es un problema muy grave porque es la violación absoluta al debido proceso y el debido proceso es un derecho humano”, expresó Magally Huggins, coordinadora de investigación de la ONG.
Indicó en rueda de prensa, que muchos presos tardan hasta tres años o más en un centro, encerrados en un mismo espacio con algunos reclusos que padecen enfermedades contagiosas, por lo que se agrava las condiciones sanitarias de los reos en general.
“Sin una política pública organizada que incluya todo el sistema y sus diferentes prácticas y deberes, en particular el fin del retardo procesal, el cual es una violación de los derechos humanos de las personas detenidas, no pueden alcanzarse logros efectivos y permanentes”, reflejaron en el informe.
