La Audiencia Nacional de España ha admitido una querella formal contra los exfuncionarios venezolanos Luisa Ortega Díaz y Miguel Rodríguez Torres, ambos actualmente asilados en territorio español, por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante sus gestiones en Venezuela.
La decisión fue tomada por el magistrado Antonio Piña, quien ha solicitado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que evalúe si se justifica la apertura de una investigación penal, en base al principio de justicia universal, que permite juzgar delitos especialmente graves como tortura o genocidio, sin importar el país donde se hayan producido.
La querella fue promovida por la ciudadana venezolana Dulce Bravo, radicada en Argentina desde 2013, con el respaldo legal de abogados de la organización Unión de la Resistencia de Venezolanos en el Exilio (Urvex). En su denuncia, Bravo acusa directamente a Ortega Díaz y Rodríguez Torres de haber participado en una estructura estatal represiva que ejecutó torturas sistemáticas y persecución política.
Según su testimonio, en el año 2013 fue secuestrada, torturada y violada por agentes de inteligencia en Caracas, presuntamente bajo órdenes superiores de los entonces altos cargos. Además, la denuncia detalla que Ortega Díaz —entonces fiscal general— habría impedido que Bravo ejerciera su derecho a declarar, agravando con ello su responsabilidad en los hechos.
Detalles sobre implicación en los delitos
El escrito de acusación solicita que se esclarezcan las posibles responsabilidades individuales de Ortega Díaz, quien ejerció como Fiscal General entre 2007 y 2017, y de Rodríguez Torres, exministro de Interior y Justicia y exdirector del SEBIN, durante una de las etapas más cruentas de represión contra disidentes políticos.
Con esta admisión, la Audiencia Nacional abre la puerta a una eventual investigación judicial en suelo español, una medida sin precedentes contra exdirigentes venezolanos asilados en Europa, y que podría marcar un antes y un después en los procesos de justicia internacional para víctimas del autoritarismo.
El caso se encuentra ahora bajo revisión del Ministerio Público, que deberá pronunciarse sobre la competencia del tribunal para investigar estos delitos. De confirmarse, Ortega Díaz y Rodríguez Torres podrían enfrentar cargos formales y comparecer ante la justicia española.
