Trabajo de www.talcualdigital.com
La deportación de migrantes a terceros países con los que no tienen ningún vínculo y sin el respeto del debido proceso constituye una violación a los derechos humanos y muestra falta de transparencia en la política migratoria del gobierno de Estados Unidos.
Así lo afirmó Mary Kapron, investigadora de Amnistía Internacional para Canadá y EEUU, en una entrevista para Café CNN donde se pronunció sobre las medidas de la administración Trump de deportar migrantes a países como Sudán del Sur y a Eswatini en África.
Precisó que las personas no pueden ser devueltas a lugares donde sus vidas pueden correr peligro o estar en riesgo; además, dijo, se deben respetar los procedimientos legales.
«En el caso de terceros países es mucho más preocupante porque esas personas no tienen ningún vínculo allá, no tienen familiares, muchas veces como estamos viendo en el caso de Eswatini no hablan el idioma, entonces es muy preocupante que la administración de Trump está enviando personas a cualqueir lugar del mundo donde parece que puede lograr acuerdos y eso es una violación de los derechos humanos de las personas».
La especialista puso como ejemplo a un grupo de migrantes deportados a Panamá, donde el gobierno los trasladó a un campamento en la selva sin posibilidad de establecer comunicación con sus abogados o familiares, en una clara violación de sus derechos y el debido proceso.
Directo a África
El Gobierno de Trump anunció este martes 15 de julio un vuelo de deportación de migrantes hacia Eswatini, en el sur de África, un país lejano sin vínculos con los deportados.
Según informó la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, los inmigrantes son originarios de otros países, incluyendo Jamaica, Laos, Cuba, Yemen y Vietnam.
“Un vuelo de deportación a un tercer país seguro aterrizó en Eswatini, en el sur de África. Este vuelo transportó a individuos tan bárbaros que sus países de origen se negaron a recibirlos de vuelta”, escribió McLaughlin en X.
Luz verde desde la Corte Suprema
El mes pasado, la Corte Suprema de Estados Unidos falló a favor del gobierno de Donald Trump y le permitió reanudar la deportación de migrantes a países distintos al de su origen.
Trump ha establecido negociaciones con varios países africanos para que acojan a deportados que no son aceptados en sus países de origen. Ruanda ha confirmado que ha mantenido conversaciones con Washington, mientras que Benín, Angola, Guinea Ecuatorial y Moldavia también han sido mencionados por medios de EEUU.
Sudán del Sur, un país devastado por las guerras internas, ya había aceptado también recibir a ocho hombres deportados de Estados Unidos. Entre los migrantes enviados a este país están dos cubanos y un mexicano.
La semana pasada, el ministro de Asuntos Exteriores de Nigeria, Yusuf Tuggar, denunció que Estados Unidos está presionando a varios países africanos para que acepten a ciudadanos venezolanos deportados desde su territorio, y señaló que para su país sería difícil hacerlo.
«Estados Unidos está ejerciendo una presión considerable sobre los países africanos para que acepten venezolanos que van a ser deportados desde EEUU, algunos directamente desde prisión», dijo Tuggar durante una entrevista en el canal de noticias Channels Television.
Señaló que para Nigeria es difícil aceptar a 300 venezolanos deportados porque ya tienen «suficientes problemas propios. No podemos aceptar deportados venezolanos en Nigeria (…). Ya somos 230 millones de personas».
El gobierno de Trump ya ha deportado a extranjeros de diversa nacionalidad a El Salvador y Costa Rica.
Venezolanos presos en El Salvador
Los venezolanos fueron los primeros migrantes deportados a un tercer país, irrespetando el debido proceso y sus derechos humanos. El 15 de marzo, el gobierno estadounidense invocó la «Ley de Enemigos Extranjeros» de 1798, utilizada en tiempos de guerra y envió más de 200 venezolanos a El Salvador, bajo el argumento que los detenidos integraban presuntamente la banda criminal Tren de Aragua.
Los migrantes fueron recluidos en el Centro de Confinamiento de Terrorismo (Cecot), una cárcel de máxima seguridad construida por el gobierno de Nayib Bukele para pandilleros y criminales de alta peligrosidad, y desde entonces «están totalmente aislados e incomunicados», según confirmó el pasado 20 de junio Walter Márquez, de la Fundación El Amparo que representa a 10 de estos migrantes.
Estas personas permanecen presos señalados de unos presuntos delitos que no han sido comprobados, sin juicios y sin certeza sobre su futuro legal. Sus familiares no han cesado en sus protestas exigiendo su libertad.
La semana pasada, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, afirmó que todos los días mantienen conversaciones con autoridades del gobierno de Estados Unidos buscando fórmulas para la liberación de los 252 migrantes detenidos en El Salvador.
Según una investigación del The New York Times, las diferencias entre el secretario de Estado, Marco Rubio, y Richard Grenell, enviado de la Casa Blanca a Venezuela, evitó que se concretara un canje entre los 250 venezolanos presos en El Salvador por los estadounidenses detenidos en Venezuela, así como los presos políticos venezolanos.
