El abogado Ramón Pérez Linárez, señaló que en Venezuela se vulnera cada vez más el Estado Derecho, porque no existe una separación real de los poderes, mucho menos el cumplimiento de las leyes, por cuanto han sido reformadas a conveniencia de las partes que ejercen el poder.
Asegura que más allá de garantizar o proteger los derechos de los ciudadanos, el Gobierno, a través de diferentes mecanismos pretende silenciarlos. Escenario que según el entrevistado es la muestra más firme de un sistema democrático en decadencia, que trata de suplir las fallas con imposiciones.
Señala que el Ejecutivo Nacional debe someterse a un proceso de revisión, de lo contrario seguirá castigando. En todo caso, las penas de cárcel podrían aumentar en 2015, pues el Poder Judicial es la mejor arma de los líderes oficialistas para perseguir a la disidencia.
Amnistía para presos políticos
Diferentes organizaciones de derechos humanos, coinciden que ante la llegada de la época decembrina, es oportuno, para el Gobierno pensar en la concesión de libertades para las personas encarceladas por causas políticas.
El abogado Manuel Virgüez, de la Asociación Civil, Justicia Solidaridad y Paz (Funpaz), aseveró a EL IMPULSO que las dictaduras más férreas del cono sur, declararon en su momento la amnistía, y aunque este gesto de humanidad no las eximió de infinitas arbitrariedades, fueron hechos de gran relevancia.
Por lo tanto, cree que la posibilidad de un indulto para Leopoldo López, los exalcaldes Enzo Escarano (San Diego-Valencia), Daniel Ceballos (Táchira), y todos aquellos dirigentes opositores que aún permanecen en prisión, abriría los caminos para la paz, la reconciliación y el encuentro.
Aunque las fuerzas del Estado ha rechazado la propuesta de una ley de amnistía, Virgüez, señala que lo idóneo es crear una especie de decretos, pese a la diversidad de procedimientos en los que fueron aprehendidos por las autoridades. Ante, este escenario, recalcó la importancia de efectuar un planteamiento más contundente que verse sobre los acontecimientos pasados.
Con respecto al caso de la exparlamentaria, María Corina Machado, dijo que el Poder Judicial está utilizando elementos sin justificación para acusarla de conspiradora. “El Gobierno sabe que las pruebas son falsas”. Mientras que la detención de López, es ilegal, porque lo acusan de varios delitos que aún no han sido demostrados.
Indicó que el Estado está subestimando la decisión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de liberarlo.
