Este jueves 29 de noviembre se cumplieron cinco años desde que el empresario yaracuyano de origen libanés, Kamel Salame, fue privado de libertad en un proceso que, se podría decir, ya estaba anunciado, predicho y determinado.
Al final de la tarde apareció en los galpones de su propiedad, donde se realizaba una feria navideña de venta de víveres y electrodomésticos, una gandola robada esa misma mañana en el estado Carabobo, cargada con cigarrillos.
Dijeron que la habían rastreado a través de un sistema de GPS hasta el lugar, donde descargaron parte de la carga robada. A los pocos minutos arribó una comisión de funcionarios de la Policía de Yaracuy y del Cicpc para llevarse detenido al comerciante, y además a siete de sus empleados, incluyendo al chofer de Salame, un señor de 70 años quien aún hoy está preso.
Al aparente hecho delictivo le precedió en varios meses una campaña de descrédito contra el empresario, a través de “periodistas” locales que difundieron un supuesto informe de inteligencia divulgado por un oficial de la Guardia Nacional, entonces adscrito al CORE 4, con el nombre de Said Gregorio Schwarz Santoni. Este señor señaló al empresario de estar supuestamente incurso en actividades de tráfico de drogas, pero el informe no figura en el expediente judicial porque la Fiscalía no lo pudo utilizar por carecer de fundamentos: ni siquiera estaba firmado, sólo sirvió para el chismorreo público dirigido a estigmatizar.
Otra cosa que precedió a la “aparición” de la gandola, fue una campaña exitosa y muy novedosa para optar a la Alcaldía de San Felipe, gracias a la cual las comunidades populares de la capital de Yaracuy reconocieron en Salame a un gerente con responsabilidad social y una visión distinta de la actividad política.
El empresario asegura que ganó las elecciones municipales del 23 de noviembre de 2008, pero un funcionario del CNE lo llamó para decirle: “Te felicito, ganaste, pero vamos a voltear los resultados porque esto no le cuadra al Ejecutivo regional”. Coincidencialmente, poco después se cayó la plataforma informática. Salame decidió impugnar, y un día después de anunciarlo públicamente, casualmente, pasó lo que pasó.
También fue precedida la privación de libertad de una serie de acusaciones formuladas contra el gobernador Julio León Heredia, por hechos de corrupción “descarada” que pasaban frente a sus ojos y de los cuales Salame asegura tener pruebas. El empresario cuenta que dos meses antes de las elecciones León Heredia le envió a uno de sus emisarios para invitarlo a negociar el poder municipal, sugerencia que declinó. Ya los candidatos de la oposición habían aceptado, asegura.
Por estas razones, Kamel Salame sostiene que es un preso político del gobernador, quien sería el autor intelectual de un proceso policial y judicial amañado, con el fin de sacarlo del escenario político y al mismo tiempo desacreditar sus denuncias.
De hecho, la Policía regional, controlada por León, se encontraba el día de los hechos en los galpones del comerciante prestando apoyo en seguridad y orden público debido a la feria navideña que allí se desarrollaba, y minutos antes de que ingresara el vehículo robado a las instalaciones, los funcionarios desaparecieron.
Otras «coincidencias» se suman a la anterior: la ex presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, magistrada Luisa Estella Morales, es natural de Yaracuy, y el fiscal con competencia plena designado para acusar a Salame, Eli Saúl Alba Morales, es sobrino de esta.
Todo este cúmulo de casualidades arrojan un resultado: hoy el empresario cumple cinco años preso, con todos sus bienes incautados y cuentas congeladas, y todo ello sin juicio, porque el inicio del proceso oral y público en el cual podría defenderse ha sido diferido 46 veces. La situación contrasta con la garantía contemplada en el Código Orgánico Procesal Penal, que establece que nadie puede permanecer más de dos años privado de libertad preventivamente sin una sentencia que lo condene.
Hoy el comerciante de 48 años y tres hijas (que asegura son lo que más extraña, pues “lo material va y viene”) permanece recluido en el Internado Judicial de Barinas, luego de pasar tres años en Uribana. Allí, con un bastón en la mano, aspecto cansado y mirada ojerosa, recibió al diario EL IMPULSO para contar su historia en primera persona.
Los orígenes
-¿Cómo inició esta carrera que lo condujo a las circunstancias que vive hoy?
-Mi vida como empresario comenzó a través de mis padres, quienes llegaron del Líbano hace 54 años y desde entonces ejercen la profesión de comerciantes en el estado Yaracuy. Nosotros crecimos en ese ambiente, y a la vez nos preparamos. Poco a poco nos fuimos encariñando, conocimos la vida política, me desarrollé, crecí y con el tiempo decidí tomar las riendas, porque me lo pidió la misma gente del municipio.
-Uno de los cuestionamientos en su contra tiene que ver con el origen de su dinero y el financiamiento de las obras sociales de su campaña electoral. ¿De dónde provino ese dinero?
-Con respecto a la campaña hubo una serie de malas interpretaciones influenciadas por la campaña de descrédito de quienes dijeron que yo era un narcotraficante e hicieron ver que esos recursos provenían de actividades ilícitas.
Pero yo he trabajado casi toda mi vida haciendo programas sociales a través de las diferentes instituciones del Estado, porque he sido proveedor del Ejército, de Pdvsa y del estado Yaracuy.
Me han querido catalogar como un delincuente, cuando yo demostré que mis recursos los formé gracias al Banco Sofitasa que me abrió las puertas y me ha dado la oportunidad de crecer en mi empresa, crecimiento que he venido reflejando año a año, declaración tras declaración hasta el punto de obtener un crédito millonario de ese banco, que no me dieron porque yo soy bonito sino porque fui progresando.
-¿Qué lo motivó a incursionar en la política?
-Industrializar a Yaracuy ha sido muy difícil porque parece que a los políticos les da miedo darle la oportunidad a los empresarios para que entren: piden comisiones, crean las «matracas» y le han cerrado la puerta a la gente que ha querido invertir en el estado.
Lamentablemente San Felipe es la capital pero mucha gente la sigue viendo como pueblo, y eso nos duele porque somos sanfelipeños de nacimiento y de crianza. Vemos cómo todo el mundo viene a gobernar pero nadie se preocupa por industrializar nuestro estado, que no crece ni se desarrolla. Nosotros como comerciantes y trabajadores hemos luchado porque el municipio cambie, porque nos duele. Gracias a gente que pensaba como yo logré lanzar la candidatura, que le incomodó a los viejos políticos.
La oposición está debilitada, conformada por personas con expedientes judiciales abiertos. Esto es lo que está pasando en Yaracuy: los grandes factores políticos se venden al chavismo.
-Usted sostiene que su campaña fue única. ¿Qué lo diferenció del resto y cómo incorporó su visión como empresario?
-Fue una campaña que no se había visto nunca en Venezuela. Como empresario y como candidato ejercimos los programas sociales a través de ferias, que eran actividades en las que vendíamos productos a precios muy bajos.
Eso generaba una mínima utilidad pero las ventas eran muy altas. Mientras más se vendía más ganaba, y a través de esa utilidad emprendimos un trabajo sin capital, porque el capital era humano: los obreros, los empleados todos pusieron un granito de arena y comenzaron a limpiar la ciudad, a pintar, a hacer las actividades sociales, ir a las comunidades. Esa fue una campaña que marcó un precedente porque la gente comenzó a ver efectividad, las calles estaban limpias, no había basura, las canchas arregladas, las ferias activas durante tres meses de campaña.
Pero yo, además de emprender esa tarea, me anticipé a la realidad, y le hablé claro a la gente. Les dije que mi proyección no era solamente la Alcaldía de San Felipe sino llevar las 14 alcaldías a estas condiciones. Y eso lo íbamos a lograr llegando al gobierno regional, que era nuestra meta, pero mientras tanto íbamos a convertir a San Felipe en la alcaldía modelo no sólo para Yaracuy sino para Venezuela.
-¿En qué momento ese discurso de progreso se convirtió en un obstáculo para el poder constituido, y comenzó a tener conflictos?
-Cuando ellos, entre el 2007 y 2008, comenzaron a ver cómo nosotros veníamos implementando denuncias contra la corrupción. En una oportunidad denunciamos a Eduardo Lapi, en otra a Carlos Giménez, porque no estuve de acuerdo cuando empecé a ver con mis ojos cómo era que se llevaban el dinero de una manera tan fácil y grosera. Sacaron a Giménez pero montaron a uno más corrupto.
Ellos decían que yo no entendía de política, que tenía una mentalidad errada y que los que conocían eran ellos. Yo les dije que para mí eso no es política sino corrupción, saqueo y ladronismo. No quise permitir que pasara por mis ojos y quedarme callado.
Cuando nosotros empezamos a colocar esas denuncias, grandes factores políticos consideraron que era peligroso tenerme de enemigo y comenzaron a pensar en buscar la manera de frenarme.
