Garzón tilda de “errónea” la sentencia que lo condena

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 El exjuez español Baltasar Garzón ha solicitado al Tribunal Supremo la nulidad de la sentencia que le condenó a once años de inhabilitación por considerarla “gravemente errónea”.
La sentencia “desconoce el actual concepto de prevaricación en aspectos esenciales del mismo”
Garzón fue expulsado de la carrera judicial tras ser condenado por ordenar intervenir las comunicaciones que varios de los imputados en el caso de corrupción “Gürtel” mantuvieron en prisión con sus abogados.
En un comunicado difundido hoy y en el que anuncia su decisión, el exjuez admite que, “en la práctica, la inmensa mayoría de estas demandas de nulidad son desestimadas por los tribunales”, por lo que, si ocurre así en su caso, interpondrá un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
La demanda de nulidad considera “gravemente errónea” la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo, “en cuanto se le condena por una acción que no se encuentra tipificada como delito en las leyes”.
El texto dice que la condena “se funda en una interpretación de las normas penales que supone una desnaturalización absoluta del Código Penal, con grave quebranto de la seguridad jurídica”.
Añade que la sentencia “desconoce el actual concepto de prevaricación en aspectos esenciales del mismo” y construye “a la medida” el delito por el que se le ha condenado.
Garzón agrega que la resolución del Supremo “supone la puerta abierta a cualquier juicio y condena por prevaricación por cualquier discrepancia jurídica seria de cualquier juez con el juez instructor y luego con la sala sentenciadora”.
En ese sentido, el juez subraya que el fallo “desnaturaliza por completo la excepcional figura de la prevaricación” prevista en el ordenamiento jurídico español.
La demanda sostiene que la sentencia es “arbitraria” e “injusta”, al incurrir “en contradicciones internas insalvables”, y que el Supremo “ha partido previamente de un designio incriminador” en relación con Garzón, “vulnerando la exigencia de imparcialidad subjetiva y objetiva exigible a todo órgano jurisdiccional”.
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial hizo efectiva la expulsión de la carrera judicial de Garzón como consecuencia de su inhabilitación.
En la sentencia, notificada el pasado 9 de febrero, los siete magistrados que formaban el tribunal estimaron por unanimidad que, al acordar las escuchas, Garzón adoptó una resolución injusta y restringió el derecho de defensa de los imputados “sin razón alguna que pudiera resultar mínimamente aceptable”.
“La Justicia obtenida a cualquier precio termina no siendo Justicia”, afirmaba la resolución, que también decía que Garzón admitió “prácticas que en los tiempos actuales solo se encuentran en los regímenes totalitarios, en los que todo se considera válido para obtener la información que interesa, o se supone que interesa, al Estado”.
El pasado lunes, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial hizo efectiva la expulsión de la carrera judicial de Garzón como consecuencia de su inhabilitación, decisión que será ratificada mañana por el pleno del órgano de gobierno de los jueces.
Garzón estaba suspendido cautelarmente de sus funciones en la Audiencia Nacional desde 2010 a raíz de esta causa y de otras dos abiertas contra él.
Una de ellas, por declararse competente en 2008 para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil española (1936-1939) y el franquismo, está lista para sentencia, y la otra, referente a los patrocinios de unas conferencias en Nueva York, finalmente fue archivada el pasado 13 de febrero por haber prescrito

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