“El 11 de abril marcó el inicio de la visibilización de la impunidad en Venezuela”, afirmó la abogada defensora de los funcionarios de la Policía Metropolitana condenados por estos hechos, Theresly Malavé.
“El caso te permite visibilizar que tenemos impunidad, y que se usa el sistema de justicia con fines políticos. Es una brecha que se abrió: antes y después del 11 de abril de 2002, año en que los jueces y fiscales se atrevieron abiertamente a violar las leyes sin cuidar la forma, para complacer requerimientos de tipo político”, resaltó la jurista.
Según recordó la presidenta de la Fundación Justicia y Proceso, quien desde el principio se avocó a la defensa de los señalados, por este caso fueron condenados seis agentes de la Policía Metropolitana, así como las cabezas de este cuerpo, los comisario Lázaro Forero, Henri Vivas e Iván Simonovis, quien para entonces era secretario de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía Metropolitana comandada por Alfredo Peña.
Sin embargo, insiste en que “todo el caso del 11 de abril quedó impune”.
“Los ex funcionarios fueron condenados sólo por la muerte de dos de las 19 víctimas de esa jornada y las pruebas lo que determinaron fue que la persona que causó estas muertes se encontraban apostadas en una zona muy por encima de la víctima y apuntando directo al objetivo”, manifestó la abogada.
Para apoyar la tesis de la inocencia de los uniformados se han realizado numerosas investigaciones independientes que han arrojado, entre otras conclusiones, que los disparos provinieron de direcciones diferentes. Al considerar estos planteamientos, en todo el panorama queda claro el contraste entre el proceso penal contra los ex funcionarios y el seguido a cuatro de los llamados “pistoleros de Puente Llaguno”.
“Durante el juicio identificamos a más de 65 pistoleros apostados en la acera oeste de la avenida Baralt que finalmente se montaron en el puente, de los cuales agarraron solamente a estas cuatro personas que además fueron absueltas por un juez que dijo que habían actuado en legítima defensa frente a los uniformados. A ese juez lo ascendieron a la Corte de Apelaciones y posteriormente reafirmó la privación de libertad de los ex funcionarios”, expresó Malavé.
De acuerdo con la abogada, luego, y a lo largo de este episodio judicial, quedó marcada la línea de acción de los responsables de la administración de justicia en el país, cuyas figuras claves han intentado justificar teóricamente la falta de separación de poderes en una situación que ha tenido como otros casos emblemáticos el de Danilo Anderson y la jueza María Lourdes Afiuni.
En el caso de los ex funcionarios, de los nueve condenados actualmente permanecen bajo libertad condicional tras recibir medidas humanitarias. El resto permanece preso y a la espera de que reconozcan sus derecho a medidas alternativas.
No obstante, Theresly Malavé tiene esperanza en que algún no lejano llegue una verdadera reivindicación.
“Las violaciones al debido proceso y a los derechos humanos cometidas en este caso estan en la Corte Interamericana de Derechos Humanos próximo a ser admitido”, manifestó.
Lo importante es debatir sobre la violencia y la inseguridad
Caracas, 10 de abril.- La Asamblea Nacional (AN) realizó este martes una sesión especial para recordar los hechos ocurridos el 11, 12 y 13 de abril de 2002, cuando según el oficialismo sectores de la derecha nacional e internacional dieron un golpe de Estado para derrocar al presidente de la República, Hugo Chávez.
Al inicio de dicha sesión, el diputado socialista, Freddy Bernal, afirmó que los hechos del 11, 12 y 13 de abril, siempre vivirán en la memoria de aquellos venezolanos que vivieron esa parte de la historia del país.
Sin embargo, señaló que pasados 10 años, es momento de rememorar y explicarle a los jóvenes quiénes estuvieron detrás del golpe de Estado en Venezuela, y cuál era el verdadero objetivo de la derecha, por lo que pidió iniciar una discusión en esta materia.
Bernal informó que durante toda la semana se llevarán a cabo varias actividades en conmemoración a los referidos acontecimientos.
Por su parte, el diputado opositor, Juan Carlos Caldera, se preguntó, ante la propuesta de Bernal de debatir los hechos de abril de 2002: “¿Qué es más importante para los venezolanos hoy? ¿Debatir lo que ocurrió hace 10 años o debatir lo que ocurre todos los días en Venezuela, que no es otra cosa que el problema de la violencia y la inseguridad?”.
Caldera agregó que ojalá se pudieran invertir dos, tres, cuatro o cinco horas en la Asamblea Nacional para decirle al país que los parlamentarios están construyendo un plan de trabajo para resolver el problema de la inseguridad. No obstante, la propuesta de Bernal fue aprobada y comenzó el debate que se prolongó hasta horas de la noche.
