¿Qué fue lo que presentó la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la Corte Internacional de Justicia cuando acudió, a La Haya, encabezando la representación del gobierno de Nicolás Maduro, en la audiencia efectuada para dirimir el diferendo con nuestro país?
Esta pregunta tenemos que formularla, dice el profesor Pedro Pablo Alcántara, exparlamentario, historiador y analista político, porque todavía se mantiene una gran opacidad en torno a este delicado, grave e importante asunto.
Desde el 15 de abril, cuando se efectuó la audiencia, hemos esperado una información de lo que ocurrió, ya que en esa fecha Venezuela ha debido presentar la contramemoria detallada a los efectos de salvaguardar los derechos históricos de nuestro país en relación a lo que se convino en las Naciones Unidas, como fue el Acuerdo de Ginebra, con el fin de buscar una solución pacífica, armónica, conveniente a los intereses de las personas que habitan en el territorio.
En el momento en que se firmó ese acuerdo todavía no se había aprobado la Conferencia Internacional del Mar, la cual se efectuó en Caracas en 1.982, recordó el profesor Alcántara. Sin embargo, hay unos derechos históricos que genera la posesión del Esequibo y que se proyectan en la zona económica exclusiva, en la delimitación de las áreas marinas y submarinas, en el patrullaje, en el derecho de comercio, cabotaje y otras actividades.
En esta ocasión, el gobierno de Nicolás Maduro presentó un documento que leyó Delcy Rodríguez y una caja de documentos contentivos, según lo que ella afirmó, de elementos vinculados con el proceso de respuesta a la demanda que Guyana introdujo, en 2.018, contra Venezuela, solicitando a la Corte la validez del laudo de 1.899, el cual nuestro país siempre protestó por nulo, írrito, abusivo, contrario a Derecho, presentación de mapas falsos y otros alegatos.
De manera que el pueblo venezolano, ya casi concluyendo este mes de abril, todavía no sabe en detalles qué fue lo que presentó la representación de Maduro ante la CIJ.
Sólo hubo un discurso de descalificación y conflicto contra Guyana, las compañías petroleras y el imperio, como cosas esenciales para este gobierno; pero, dicen los expertos que cuando Estado es demandado y en el tribunal le informan las razones de la demanda, el demandado tiene que consignar su oposición y la manera de hacerlo es presentando un conjunto de documentos y evidencias que demuestren lo temerario en contra suya.
De eso no estamos informados los venezolanos si ocurrió o no, enfatizó el profesor Alcántara. Esa contención a los efectos de la defensa de los derechos legítimos de nuestro país no sabemos exactamente en qué condición se encuentra por la opacidad, por la falta de transparencia, que caracterizó la presencia de la vicepresidenta y de sus acompañantes en La Haya.
Lejos de ser la explicación oficial, como lo ordena la Constitución, sencilla, detallada y suficiente, lo que sigue reinando es la opacidad, mientras Guyana anuncia ostentosamente aumento de la producción petrolera, autorizaciones para la exploración y explotación del petróleo, incluso la aprobación de un plan para el 2.027 le permitirá ese país producir diariamente más de dos millones de crudo, sin que Venezuela tenga acceso de modo alguno a los beneficios que le deberían corresponder porque en Ginebra se convino un acuerdo que le permitiera a las partes obtener recursos de la explotación de recursos naturales o de cualquier naturaleza que hubiera en el área para las dos partes.
Pero, Guyana ha tomado la iniciativa de hacer unilateralmente las autorizaciones y desde el año 2000 en adelante, Hugo Chávez y Maduro nunca formularon un reclamo ante Guyana o antes los negociantes de buena fe advirtiendo que ese país estaba procediendo de manera unilateral a tomar los beneficios del territorio en reclamación para sus propios intereses, desdeñando los intereses históricos que Venezuela tiene suficientes y abundantes títulos que el Esequibo le pertenece desde 1777.
