Carga fiscal para empresas confisca entre 60% y 75% de sus ganancias

La carga fiscal que deben afrontar las empresas en Venezuela, como consecuencia del aparato impositivo implementado por el Gobierno nacional, confisca entre 60% y 75% de sus ganancias, de acuerdo con el estudio de la firma de análisis económico ODH.

En efecto, Daniel Ragua, representante de ODH, expresó que tras una  evaluación del ISLR, impuestos municipales y contribuciones especiales, el peso efectivo de los tributos sobre las utilidades varía entre 60% y 70% para las empresas generales, y más de un 70% para las de sectores específicos.

De allí que para el analista, la aparición a última hora de un artículo que incorpora una contribución especial nueva que gravará con 1% de la ganancia neta a todas las empresas y personas naturales  del país con ganancias netas anuales superiores a las 20.000 UT, que son Bs. 2.140.000, debe ser un motivo de preocupación para las empresas que ya se encuentran seriamente afectadas por la carga fiscal que actualmente deben soportar.

-Ya Venezuela cuenta con una de las cargas fiscales más grandes de Latinoamérica, superando a países como Ecuador, Chile, Paraguay y México. Esta desproporcionada carga tiene un efecto inmediato sobre la inversión que realicen estas empresas, que cada vez será menor, al mismo tiempo que algunas se verán imposibilitadas de pagar tal cantidad de impuestos, lo que comprometerá su continuidad operativa y los puestos de trabajo que generan, asegura Ragua.

Para el analista, el punto crítico considerando el contexto económico del país, y medidas como las incorporadas en la Ley Orgánica de Cultura para su aprobación por la Asamblea Nacional la próxima semana, es que son decisiones que tendrán múltiples impactos para los venezolanos.

-En primer lugar la alta carga fiscal representará no solo una barrera para la inversión, sino que habrá menos puestos de trabajo, lo cual ya se ha evidenciado considerando la reducción del 37,5% que ha experimentado el país en la cantidad de empleadores desde el 2001 hasta el 2012. Esta dramática reducción se traduce en la destrucción de cerca de un millón de empleos-.precisa.

Para Ragua, este tipo de medidas y en general la política tributaria adoptada por el Gobierno Nacional en los años recientes, mediante la cual se han creado de manera inconsulta contribuciones especiales confiscatorias y no acordes con la capacidad contributiva del sector empresarial, no son consonas con la política del Presidente Maduro en cuanto al estímulo del aparato productivo nacional y reducción de la inflación, ya que generan efectos totalmente contrarios a estos objetivos.

 

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