Los presidentes de las Academias Nacionales de Medicina, Ciencias Políticas y Sociales, Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, Ciencias Económicas y de la Ingeniería y Hábitat, reunidos en el comité interacadémico, realizaron este jueves una declaración formal frente a las implicaciones institucionales y sociales del denominado plan de la Patria.
En este sentido, el presidente del mencionado comité, Claudio Bifano, indicó que es necesario advertir al país que las líneas estratégicas diseñadas por el ex presidente fallecido, Hugo Chávez, no son para el desarrollo productivo y social de la nación. Es un plan político e ideológico para consolidar el denominado socialismo del siglo XXI.
«Como observación general es preciso señalar que dicho texto (el Plan de la Patria), se perfila más como una declaración de principios ideológicos o un programa de partido que como un Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, el cual debería estar focalizado en políticas económicas y sociales relacionadas con objetivos de igual naturaleza inscritos dentro de los parámetros finalistas ya esbozados en la Constitución o compatibles con ella. El documento examinado pretende trazar un marco valorativo y principista alternativo al de la Constitución, la cual resulta en buena medida ignorada o adulterada», sentenció.
Asimismo los académicos cuestionan la ambición del Gobierno nacional de darle un obligatorio cumplimiento al Plan de la Patria, en todas las instancias que conforman el Estado.
«Esta situación contrasta con la concepción constitucional y democrática de un Plan Nacional de Desarrollo, que no obliga directamente a los particulares y cuya ejecución de encomienda al Presidente de la República porque no puede sobrepasar el ámbito de los organismos que estén bajo su dirección o coordinación, de acuerdo con las leyes y con estricto apego a la división horizontal y vertical de los poderes», afirmó Bifano.
También precisó que el reconocimiento de la autoría de Hugo Chávez sobre el documento no tiene discusión, sin embargo, la personalización del proceso político y su conexión «inextricable» con un concreto ideario revolucionario que han distinguido este ciclo de poder, y que resultan ahora enfatizadas por esa forma de aprobación del plan, «son un signo de deterioro institucional».
«Uno de los grandes derroteros del Plan es lograr la transición al socialismo y la radicalización de la democracia participativa y protagónica, entendiéndose esta última como la que se expresa a través de un poder popular puesto al servicio de este mismo modelo político-económico», precisa.
El plan debe ser de todos
Las academias nacionales insisten que no se aviene con la Constitución la formulación de un plan de la nación, destinado a imponer u oficializar una sola concepción de las relaciones del Estado con la sociedad y de estos últimos con los individuos, así como del papel de lo público o lo estatal y de los privado en el campo socioeconómico.
«Es natural que un Plan de Desarrollo Económico y Social incorpore elementos de la oferta programática de las fuerzas políticas que obtuvieron la victoria en unas elecciones, pero en un sistema democrático las normas o planes emitidos por los órganos competentes del Estado tienen que estar abiertos a distintas cosmovisiones o posiciones filosófico-políticas. El pluralismo político consagrado en la Constitución (arts. 2 y 6), que el Plan deja completamente de lado, exige que la implementación de un programa de gobierno no atente contra las garantías jurídicas de la diversidad de pensamiento u opinión y de la posibilidad de la alternancia de posturas ideológicas dentro de un marco constitucional común», detalló.
Al mismo tiempo el también presidente de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, Claudio Bifano, precisa que es también criticable que el llamado Plan de la Patria pretenda avanzar en la dirección de adulterar el concepto de Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia recogido en el artículo 2 de la Constitución, «que se sostiene, entre otros pilares, sobre el respeto a la normatividad constitucional, al pluralismo democrático y a los derechos humanos, para convertirlo en fórmula legitimadora de la anunciada expansión del poder popular, en detrimento de la estructura territorial constitucionalmente establecida, y de la intensificación de la instrumentalización ideológica de los medios de participación».
