Con una nutrida protesta que rápidamente intentó disuadir la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), habitantes de Yaritagua, municipio Peña, del vecino estado Yaracuy, mostraron la mañana de ayer su apoyo a la familia Belmonte Vetancourt, que por más de seis décadas ha ocupado los terrenos donde funciona la granja-vivero Las Margaritas; sobre estos recae actualmente un decreto de expropiación, secundado por la alcaldía del municipio Peña. La Gran Misión Vivienda Venezuela propone construir cinco edificios de cinco pisos, para un total de 180 apartamentos.

Con pancartas en mano los vecinos se apostaron en la calle sin obstaculizar el tránsito. Exhortaron a la autoridades a dialogar y respetar la propiedad privada.

El terreno de 8.565 metros cuadrados también funge como vivienda principal. Allí hace vida una familia de cuatro integrantes, uno de ellos con 14 años de edad y con síndrome de down.

Es de destacar que de este vivero dependen otras siete familias del sector, empleadas en las labores que allí se realizan.

Desde el pasado sábado, 15 de noviembre, comenzaron a contar diez días para el desalojo, según le informaron a sus abogados.

La comunidad asegura que se mantendrán en protesta hasta tanto no se solucione la problemática.

Crónica de un desalojo

Cuenta Rafael Belmonte, propietario del vivero, que en abril de 2014 representantes de la alcaldía de Peña acudieron al lugar, a fin de informarles que requerían del terreno. La familia accedería a la venta, siempre que se les pagara el precio justo por lo que allí estaba construido, a fin de reponer no sólo su vivienda, sino también su trabajo.

Belmonte comentó que si bien los terrenos son de la municipalidad, en reiteradas ocasiones han intentando comprarlos, pero esto no ha sido posible. La última petición de compra fue formulada tres años atrás.

No fue sino hasta el pasado 27 de octubre cuando les comunicaron la existencia de un decreto de expropiación sobre el vivero Las Margaritas. La propuesta comprendía un pago de Bs. 3.000.000, monto que les resulta injusto.

A su juicio un pago honesto sería diez veces más que lo ofrecido. También les prometieron un terreno en el sector Las Piedras y una casa en proceso de construcción, que sería entregada en julio de 2015.

El pasado 10 de noviembre se aparecieron a las 7:00 de la mañana funcionarios públicos, quienes les dijeron que debían desalojar el lugar. Se negaron por calificar el procedimiento como “arbitrario”.

Habitantes del sector aseguran que la toma la realizan trabajadores de la alcaldía del municipio Peña, apoyados por la Guardia Nacional. “Ellos mismo vinieron, no tuvieron vergüenza de meterse”.

El 15 de noviembre le informaron al abogado de la familia Belmonte que tendrían diez días para su desalojo.

Amenazas del síndico

Hasta el pasado lunes en el vivero reposaban aproximadamente 130 mil plantas, entre frutales y ornamentales.
Por amenazas del síndico Jesús Lucena y la concejal Alejandra Cortez, quienes dijeron visitarían el lugar con una aplanadora para destruir el vivero, se han visto obligados a mudar a terrenos de vecinos y amigos algunas 30 mil plantas. Siguen en la búsqueda de espacios a donde llevarla, sin que estas sufran el mayor daño.

También denunciaron que algunos invasores han consechado las matas que allí tienen.

Es de destacar que esta es una institución a la cual acuden estudiantes e investigadores de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA).

La familia negó poseer otros terrenos, como han señalado las autoridades, que los han calificado como “terratenientes”. También rechazaron “el discurso mediocre de ricos contra pobres”.

Los vecinos desatendidos

Se sienten desatendidos. Al consultarles si han acudido ante autoridades competentes para pedir se solucione la problemática, señalaron que no confían en los representantes del municipio, puesto que son ellos los que han organizado la expropiación.
“Entendemos que hay personas que necesitan una casa. Pero hay terrenos baldíos en el pueblo”.

Temen que al construirse las referidas soluciones habitacionales colapsen los sistemas de aguas servidas y aguas blancas, que desde hace treinta años fueron declarados en emergencia.

Relatan que reciben el servicio de agua “a cuenta cotas” y que una edificación como la planteada empeoraría la lamentable situación que ya sopesan.

La comunidad agregó que la construcción de estos edificios representaría un peligro para ellos, ya que según estudios topográficos los terrenos no son aptos para construcciones mayores a cuatro pisos. Temen por sus vida.

Invasores de oficio

Vecinos sostienen la hipótesis que se trata de intereses personales, puesto que en supuestas listas de beneficiarios del proyectos aparecen registrados trabajadores cercanos a la alcaldesa de Peña.

Refieren que las personas que se han aparecido los últimos días en los terrenos son en su mayoría desconocidos, dirigidos por “invasores de oficio”, también involucrados en otras tomas ilegales en el municipio.

“Cada vez aparecen más y más personas con listas y cartas para que les asignen uno de los apartamentos, pero nos parece inconcebible que pongan a pelear al pueblo contra el pueblo”, comentó otro de los habitantes, quien condenó este tipo de ofrecimientos que perjudican a terceros.

Personas que se sumaron a la toma de calle aseguraron que ellos también requieren de soluciones habitacionales, pero que no formarán parte de este “acto vandálico e ilegal”.