FOTOS Alfredo Ramos: Delitos contra la alcaldía no quedarán impunes

Ante los destrozos cometidos contra el Palacio Municipal por parte de colectivos identificados con el oficialismo y aupado por los concejales bolivarianos, el alcalde Alfredo Ramos encabezó una marcha el día de ayer hasta la Fiscalía Superior del Ministerio Público con el propósito de denunciar las citadas agresiones contra el patrimonio público y funcionarios del ayuntamiento.

Trabajadores dependientes de la municipalidad, representantes de los gobiernos parroquiales, líderes estudiantiles, ediles de la Mesa de la Unidad Democrática, diputados a la Asamblea Nacional y sociedad civil, respaldaron la iniciativa de Ramos, quien aseveró que el secuestro que sufrió el pasado lunes, así como el ataque contra la sede del municipio, es prueba fehaciente del barbarismo y salvajismo oficial.

“Teníamos noticias de la toma violenta del Palacio desde el fin de semana. Esos colectivos llegaron temprano, cerraron los accesos, sabotearon la gestión, irrumpieron el despacho, golpearon a los trabajadores; el objetivo era atentar contra mi integridad”, declaró Ramos.

Destacó que los concejales del PSUV son delincuentes que trabajan junto a colectivos armados.

Indicó que aún el concejal Alejandro Natera no ha respondido por los 15 millones de bolívares que recibió para gastos de funcionamiento del concejo municipal.

Luego de esos pronunciamientos partió la marcha, a las 11:00 de la mañana. Los marchantes recorrieron con pitos, pancartas y cacerolas la la carrera 17, atravesaron la avenida Vargas, siguieron por la carrera 17 hasta la calle 12, donde cruzaron para tomar la carrera 19. En la calle 8 se encontraron con la protesta de los profesores de la UCLA, quienes fueron aplaudidos por su lucha reivindicativa.

Finalmente, el alcalde pudo consignar la denuncia ante el Ministerio Público, pasadas las 12:00 del día. El alcalde interpuso la denuncia en contra de los concejales del PSUV quienes tomaron violentamente la alcaldía del municipio Iribarren, así como el despacho del alcalde.

“Esta toma fue dirigida por los concejales Alejandro Natera y Jesús Superlano que intentaron llegar hasta mi despacho con colectivos armados para agredirme físicamente. Irrumpieron y destrozaron un bien patrimonial nacional, quien lo daña y ataca comete un delito que está penalizado por la ley”.

Asimismo denunció la agresión hacia los trabajadores del municipio Iribarren. “Ahí están las imágenes y los videos. Estos señores actuaron premeditadamente. Yo fui secuestrado por medio día. No me dejaban salir y seguramente al llegar a la oficina iban a agredirme”.

Destacó que acudirá a la Fiscalía General de la República, a la Comisión de Patrimonio de la AN, a todas las instancias nacionales e internacionales para que esos hechos no queden impunes.

“Si estos delincuentes creen que debilitarán mi espíritu de lucha están muy equivocados continuaremos luchando para lograr el sentimiento nacional de cambio porque el pueblo está muriendo de hambre y de mengua”. Precisó que tras los ajustes del salario mínimo y el bono de alimentación el Ejecutivo nacional envió los recursos incompletos.

“Recibimos 157 millones de bolívares y se requieren más de 1.000 millones de bolívares para honrar los compromisos. El Gobierno de Maduro es el responsable de lo que está ocurriendo, pretende generar desconfianza en los trabajadores de la alcaldía”.

Por su parte, Jesús Pérez, síndico del municipio, explicó que formalizaron la denuncia contra los concejales oficialistas por cuatro tipos de delitos calificados en el Código Penal, cuyas penas mínimas son de cinco años de prisión.

“Solicitamos la investigación por agavillamiento, desacato a la autoridad, instigación a delinquir, daño al patrimonio público y lesiones personales contra el alcalde y varios funcionarios del Palacio Municipal durante su jornada normal de trabajo”.

Fueron atendidos por la fiscal auxiliar Estela Cruz, quien se comprometió a hacer una distribución de la causa junto con los elementos probatorios consignados dentro de tres días hábiles a fin de dar seguimiento y establecer las sanciones penales hasta las últimas consecuencias.