Esposas de los capitanes Molina y Jiménez también rompen silencio

Mariángel Durán/Foto: Juan Brito |

En noviembre de 2015 tres capitanes de la Guardia Nacional fueron detenidos “sin una orden judicial” por presuntamente estar vinculados en la organización de un golpe de Estado, identificado como “Golpe Fénix”, debido al estandarte de ese componente de la Fuerza Armada Nacional.

Los tres se encuentran detenidos en el Centro Nacional de Procesados Militares, mejor conocido como cárcel de Ramo Verde, ubicada en el estado Miranda. Tras 9 meses de privación de su libertad, sus nombres fueron ingresados a la lista de presos políticos del Foro Penal Venezolano y sus esposas han comenzado a difundir información sobre las supuestas injusticias que giran en torno a sus casos.

El capitán Jesús María Alarcón Camacho, cuya historia fue reseñada ayer en este rotativo, es señalado como líder del supuesto golpe y al momento de su detención (el 20 de noviembre, en Fuerte Tiuna) se encontraba ejerciendo funciones en Barquisimeto. Los otros dos capitanes en servicio activo: Pablo José Molina y Carlos Jiménez Alfonzo, se desempeñaban como jefe de la División de Aduana de la Guardia Nacional, ubicada en El Paraíso, Caracas, y como comandante de la Tercera Compañía del Destacamento Sur de la Guardia del Pueblo, , parroquia el Recreo- Caracas, respectivamente.

Sus esposas Aliana Ramírez de Molina y María Fernanda Blanco de Jiménez, elevan sus voces a favor de su inocencia y, por ello, hicieron llevar a este rotativo parte de la historia vivida en estos 10 de meses de “tragedia familiar”.

Ramírez de Molina cuenta que su esposo “recibió la orden de su superior inmediato de presentarse en la oficina de la Inspectoría General (23 de noviembre de 2015), para una entrevista; al hacerlo le notificaron que sería enviado a la Dirección  General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), por una presunta investigación penal”.

Asegura que los funcionarios de ese organismo “lo despojaron de su teléfono para hacerle un vaciado, sin autorización de un juez de control o la solicitud de un fiscal del Ministerio Público Militar; también revisaron su vehículo y oficina, sin testigos, lo cual fue una violación sistemática sus derechos y al debido proceso”.

“Fue trasladado por una comisión de hombres con armas de guerra y con pasamontañas, lo ubicaron en un área de 2×2 y lo dejaron incomunicado… en la madrugada empezaron el interrogatorio y no le explicaban lo que sucedía”.

Durante 4 días, dice Ramírez de Molina, “mi esposo, siendo capitán activo de la GN, estuvo angustiado, sin saber qué pasaría con su vida. Finalmente fue presentado ante el tribunal”.

“Durante estos meses hemos vivido con dolor, un dolor que ya estaba en el seno de la familia de mi esposo por la muerte de su hermano menor, un funcionario del CICPC que fue asesinado presuntamente en un enfrentamiento. Sus padres aseguran que están pasado los días más amargos de su vida por la pérdida de la vida de uno de sus hijos y por la injusticia del encarcelamiento de su hijo mayor, quien es su orgullo”.

Molina espera ansioso los fines de semana para ver a su esposa y a sus dos hijos, de 8 y 5 años, a la par de la fecha de inicio del juicio por presuntamente instigar a la rebelión militar.

Entre rejas

El 23 de noviembre de 2015 el capitán Carlos Jiménez también  fue llevado a la sede del DGCIM, ubicada en Boleíta- Caracas, y ubicado en un  espacio de 2×2 metros durante 7 largos días.

“No hubo una orden de aprehensión y estuvo incomunicado, es decir, fue privado de su libertad arbitrariamente”, relata su esposa.

Según María Fernanda Blanco de Jiménez, el día 30 de noviembre su esposo fue  trasladado a la Comandancia General de GN donde le informaron (como ocurrió con el capitán Alarcón) sería reincorporado a su  trabajo. “Pero, al llegar a la oficina del inspector general le dijeron que había una orden de aprehensión en su contra, fue esposado y trasladado nuevamente al DGCIM; el 1° de diciembre fue presentado ante el Tribunal de Control”.

Su familiar directa asegura que el proceso ha estado “plagado de violaciones al debido proceso”, en especial porque “no existen pruebas para tenerlo privado de libertad”.

“Está allí por una denuncia de un compañero del mismo componente; detrás de los barrotes se ha perdido los primeros  pasos de su bebé de año y medio de edad. La cancha de Ramo Verde es el único espacio donde hoy puede jugar y compartir con su primogénito”, cuenta su esposa.

 

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