La Asamblea Nacional acordó este jueves demandar a Reinaldo Muñoz ante el Ministerio Público por el delito de usurpación de funciones, por actuar en nombre de la Procuraduría General de la República sin haber sido designado legalmente como titular de esa institución.
La propuesta fue presentada por la presidenta de la Comisión de Política Interior, diputada Delsa Solórzano, quien explicó que de acuerdo con la Constitución el cargo de procurador lo designa directamente el Presidente de la República, pero Muñoz fue «encargado» de estas funciones por la última titular legal, Cilia Flores, sin que hubiese sido ratificado por el jefe de Estado y publicado en Gaceta Oficial.
“En Venezuela la usurpación de funciones es un delito tal como lo establece el artículo 213 del Código Penal. También está establecido como delito en la Ley Contra la Corrupción, de tal manera, que se amerita de inmediato la apertura de una investigación penal por estos delitos cometidos, tanto por quienes están ocupando el cargo ilegalmente, como por quienes lo permiten y por los que designaron, porque son cómplices de la comisión de un delito que afecta claramente la República de Venezuela”, advirtió Solórzano.
Como consecuencia de esta irregularidad, la parlamentaria afirmó que todas las actuaciones de Muñoz firmando como procurador son nulas, y por lo tanto carecen de validez. Insistió en que este caso debe ser investigado penalmente.
«Venezolano. Militante de la Revolución Bolivariana. Procurador General (E) de la República». Así se identifica Muñoz en su cuenta oficial en la red social Twitter.
Respuesta
La moción parlamentaria ocurrió un día después de que, en nombre de la Procuraduría General de la República, Muñoz acudió a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para pedirle que le ponga coto al Legislativo en sus presuntas intenciones de cometer un golpe de Estado.
Este jueves, en declaraciones a VTV, advirtió que con la acción persigue la imposición de medidas cautelares que suspenda la actividad de la oposición en la AN como propulsora de ideas de protesta contra el gobierno entre la población.
«Esperamos que el TSJ dicte unas órdenes que eviten que continúen las acciones en la AN, que puedan por ejemplo seguir dictando estos acuerdos que no tienen ningún efecto jurídico pero que causan sensacionalismo en la población, o que sigan convocando a la gente a la calle a que sigan confrontándose con los poderes públicos», dijo el funcionario.
